La impunidad intenta ganar terreno

Hay una pregunta que la historia latinoamericana ha respondido varias veces con sangre: qué pasa cuando las leyes dejan de proteger a las personas y empiezan a proteger al poder.

La respuesta, para la mala suerte de los peruanos, es siempre es la misma. Sin un orden jurídico que funcione, la democracia se convierte en una competencia donde gana el más fuerte, no el que tiene la razón ni el que tiene justicia de su lado. Por eso justamente el derecho internacional de los derechos humanos existe, para que esa lógica no sea la última palabra. Y por eso preocupa tanto cuando un Congreso usa la forma del derecho para vaciar su contenido.

La Comisión Permanente aprobó con apenas 14 votos el Proyecto de Ley 14337 que el fujimorismo vendió como “el cumplimiento del Estatuto de Roma”.

Nada más lejano. Y hay un problema de fondo: tipificar el delito de lesa humanidad en el Código Penal no era obligatorio según ese mismo Estatuto. Su mecanismo es de complementariedad. Es decir que si un Estado no puede o no quiere juzgar esos crímenes, la Corte Penal Internacional asume dicha jurisdicción.

Por eso, Argentina, el referente regional en la materia, aplica directamente el Estatuto en sus tribunales sin necesidad de una ley interna. Estos vestigios del Congreso que legisla en contra del Perú hasta el cansancio desde la única instancia que les queda, decidió reemplazarlo con un texto diferente.

Ese texto es más restrictivo que el Estatuto que supuestamente dice cumplir. El Estatuto de Roma exige que las conductas sean cometidas con conocimiento de un ataque generalizado o sistemático. La ley aprobada exige además intención, un requisito que el Estatuto no contempla y que eleva el estándar probatorio por encima del derecho internacional vigente. España, Chile y Colombia tipificaron el delito siguiendo el Estatuto sin añadir ese elemento. El caso impuesto por los restos del pacto, por tanto, ignora deliberadamente esa jurisprudencia.

Las consecuencias son concretas. La norma podría permitir la revisión de 150 sentencias condenatorias y afectar más de 600 procesos en curso por graves violaciones de derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos confirmó que la norma facilita el archivo de casos antiguos. Esa es exactamente la función del requisito de intención que el fujimorismo introdujo.

El presidente encargado Jose María Balcázar tiene la responsabilidad de observar la autógrafa porque la voluntad del fujimorismo de desistir de su intentona antidemocrática ha quedado clara con la votación uniforme de la bancada de Fuerza Popular para aprobarla al caballazo. Una norma que pone en riesgo 150 sentencias y 600 procesos no es un avance en materia de derechos humanos.