La gobernabilidad como primera prueba del nuevo Congreso

El Perú estrena en julio un Congreso bicameral por primera vez en décadas. Esta nueva configuración incluye una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado de 60. Se trata de un cambio institucional que los peruanos rechazaron en el referéndum de 2018 y que partidos con antecedentes antidemocráticos y responsables de la aprobación de normas que favorecen al crimen organizado se encargaron de aprobar por insistencia.

Entre ellos están Fuerza Popular y Renovación Popular, los cuales la impusieron aduciendo que frenará la mala producción de normas. Sin embargo, no es apresurado afirmar que la primera prueba de ese diseño será política y llegará de inmediato.

De hecho, con el conteo de votos oficial de la ONPE ya es posible afirmar que el fujimorismo se ha convertido en la primera minoría en ambas cámaras, con alrededor de 41 escaños en Diputados y más de 20 en el Senado, seguida de Juntos por el Perú con 31 curules y Renovación Popular como tercera fuerza. Dicho reparto deja a todos los partidos en minoría, lo que vuelve la negociación en la herramienta central de cualquier decisión.

En ese escenario, el Ejecutivo que asuma en julio deberá construir alianzas con bancadas de intereses distintos para sacar adelante legislación prioritaria. Y eso es saludable para la democracia. Esas credenciales garantistas del Estado de Derecho se medirán sobre todo ante la derogación de las normas procrimen que el pacto corrupto parlamentario actual aprobó.

La cuestión de la gobernabilidad surge entonces como el eje de cualquier lectura mínima del nuevo sistema político parlamentarista de facto.

Cabe recordar que entre 2016 y 2021, la confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría fujimorista produjo cuatro mociones de vacancia presidencial, tres presidentes, y una disolución del Parlamento. Asimismo, entre 2021 y 2026, la fragmentación legislativa fue el escenario donde se presentaron diez mociones de vacancia de las cuales prosperó una tras el intento de quiebre democrático de Pedro Castillo. Tras ello, prosperaron las capturas de órganos autónomos como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y entre otros, con Fuerza Popular y Renovación Popular entre los protagonistas centrales de esa cooptación.

Por ello, el retorno al bicameralismo abre una oportunidad cuyo valor real dependerá de los ciudadanos que exijan a sus representantes rendir cuentas. La diversidad territorial del Perú, con sus demandas específicas y largamente postergadas, requiere un Congreso que responda ante quienes lo eligieron.