La justicia pendiente en Catacaos

El cardenal Carlos Castillo, primado de la Iglesia católica en el Perú, el cardenal Pedro Barreto y el emisario de la Santa Sede, monseñor Jordi Bertomeu, se arrodillaron ante la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos. El gesto es inédito tanto en la historia de la Iglesia peruana como mundial, y merece ser reconocido como tal.

Tres jerarcas con el cuerpo inclinado ante comuneros despojados de sus tierras ancestrales por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana es una imagen que este país tardó veinte años en ver y que no debería olvidar. La Iglesia eligió estar del lado correcto. Eso importa y merece decirse.

Al respecto vale recordar que el Perú es un Estado laico. La Constitución lo establece y este diario lo defiende. Precisamente por eso, cuando una institución religiosa actúa con la altura ética que el Estado debería tener y con frecuencia no tiene, corresponde reconocerlo sin ambigüedad. Lo ocurrido en Catacaos no es un asunto confesional, sino uno de justicia. Y en ese terreno, que es el terreno que nos interesa, la Iglesia Católica — conducida primero por Francisco y ahora por León XIV — ha demostrado una voluntad de reparación que contrasta con la parálisis del Estado cooptado hoy por el pacto corrupto del Congreso.

Fue el papa Francisco quien ordenó la investigación que terminó con la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización que durante décadas usó el nombre de la Iglesia para cometer abusos de todo tipo, despojar tierras y perseguir a quienes se atrevían a resistir. No fue el Estado peruano quien la desmanteló. Fue la Iglesia. Y es León XIV quien, desde los primeros gestos de su pontificado, ha mantenido esa línea: los que usaron a la Iglesia como escudo para ejercer poder sobre los más vulnerables no merecen protección institucional sino responsabilidad plena. El acto de Catacaos es resultado de esa decisión.

En ede sentido, ¿qué espera la justicia peruana para hacer lo que le corresponde? Guadalupe Zapata Sosa y Cristino Melchor Flores, comuneros de esos territorios, están muertos. Los asesinaron mientras los defendían. Sus familias enfrentaron años de criminalización, persecución judicial y abandono institucional. Y el Estado peruano, que tiene la obligación constitucional de investigar esos crímenes, restituir esas tierras y sancionar a los responsables, sigue administrando su indiferencia con la misma paciencia con que administra la impunidad.

Corresponde que los fiscales aceleren las investigaciones y que los jueces resuelvan los expedientes pendientes, todo esto para que el Estado restituya -finalmente- lo que fue arrebatado.