Derechos y justicia para cada mujer y niña, por Rossana Dudziak

Por Rossana Dudziak, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, texto que ha inspirado decenas de tratados internacionales legalmente vinculantes y leyes nacionales que protegen los derechos fundamentales en todo el mundo. El acceso a la justicia es el puente entre las leyes y el ejercicio de derechos de las personas.

Garantizar el acceso a la justicia significa asegurar que cada mujer y niña pueda ejercer efectivamente todos sus derechos y vivir libre de violencia y discriminación. Sin embargo, en todo el mundo persisten barreras estructurales que limitan o impiden el ejercicio de sus derechos.

Según ONU Mujeres, en 2026, las mujeres cuentan con apenas el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, y ningún país ha alcanzado aún la igualdad plena ante la ley. La exclusión y la desigualdad impacta particularmente a quienes se encuentran en situación de pobreza, residen en zonas rurales, son indígenas, refugiadas, migrantes, personas con discapacidad o mujeres LGTBIQ+, quienes enfrentan formas de discriminación acumuladas.

A ello se suman los roles y expectativas socialmente asignados a hombres y mujeres, que perpetúan y profundizan la desigualdad. Un reflejo claro es la desproporcionada carga de las tareas de cuidado que recae sobre las mujeres, así como los persistentes niveles de violencia de género.

En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, recuerda que promover la igualdad de género es uno de los motores más poderosos para el desarrollo sostenible y la paz. Para activarlo con decisión, es necesario hacer valer los derechos de las mujeres en la vida cotidiana: combatir la violencia y las prácticas nocivas; ejercer tolerancia cero frente a la discriminación; exigir justicia para quienes perpetran violencia; y garantizar apoyo integral a las víctimas.

En esta línea, el Estado peruano ha adoptado compromisos internacionales a través de los cuales se compromete a asegurar la igualdad y la no discriminación para todas las personas, incluidas las mujeres y las niñas. Para ello, el país requiere garantizar la protección del progreso alcanzado en los derechos de las mujeres, fortalecer un marco normativo de políticas dirigidas a ampliar el acceso a la justicia y avanzar hacia la igualdad y el empoderamiento de la mujer, así como los servicios de prevención, atención integral y sanción de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, con énfasis en la violencia sexual.

Como el resto de la región de América Latina y El Caribe, en el Perú persisten barreras estructurales que impiden que las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. La violencia contra las mujeres, extendida y muchas veces normalizada, es una expresión clara de esta realidad. Actualmente, 1 de cada 2 mujeres peruanas en edad fértil declara haber sufrido violencia por parte de su pareja al menos una vez en la vida y menos de 30% de las mujeres que sufrieron violencia física buscan ayuda en alguna institución. Por otro lado, la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas no logra reducirse de manera significativa, con niveles cercanos al 20% en el caso de las adolescentes que viven en zonas de la Selva de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, 2025). Asimismo, la tasa de nacimientos en niñas menores de 15 años, todos ellos producto de maternidades forzadas por casos de violación de acuerdo con la legislación del país, está en aumento.

A ello se suman protecciones legales insuficientes y normas sociales que reproducen relaciones de poder inequitativas, determinando quién cuida, quién decide y quién accede a recursos, protección y voz pública. Por ejemplo, las mujeres peruanas dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, según la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEI, 2025). Además, más del 87% de la población aprueba creencias sexistas, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (INEI, 2025). Esta misma fuente señala que tres cuartas partes de la población tolera la violencia contra la mujer y que alrededor del 70% de los hombres peruanos justifica la violencia sexual. Estas dinámicas erosionan, en la práctica, los derechos de mujeres y niñas.

Esta situación puede y debe cambiar. Por ello, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú trabaja junto al Estado y diversos aliados -de la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado- para contribuir a un país donde los derechos, la igualdad y las autonomías de todas las mujeres, adolescentes y niñas sean la norma y no la excepción. Impulsamos acciones que fortalecen su acceso a la justicia, empoderamiento y participación política, a la educación, salud y protección, promueven sus derechos humanos y apoyan respuestas integradas frente a la violencia. También contribuimos a reducir brechas en el acceso a oportunidades y acompañamos el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

Para que el acceso a la justicia sea una realidad para todas las mujeres y niñas, es necesario eliminar las barreras que hoy les impiden ejercer plenamente sus derechos. Esto implica reconocer la interseccionalidad de las barreras por discriminación y exclusión que llevan a afectaciones acumuladas y diferenciadas en función del lugar de residencia, la condición socioeconómica, la raza y la etnia, la condición de discapacidad, la orientación sexual, la condición migratoria. Garantizar justicia para todas significa adaptar los servicios, eliminar obstáculos y asegurar que ninguna mujer o niña quede excluida.

En consonancia con el inicio del 70.º período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y bajo el lema "Derechos, justicia y acción", el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú hace un llamado a derribar las barreras y construir juntos una sociedad más justa e inclusiva, donde las mujeres y niñas puedan desplegar su potencial y vivir libres de todo tipo de violencia.