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Opinión

¡El Expediente Técnico es “Caviar”!, por Rafael Belaúnde Llosa

El estudio de preinversión sistematiza y analiza información para tomar las decisiones de inversión —es decir, hacer o no hacer el proyecto—; se sopesan los costos y los beneficios que trae el proyecto a la sociedad.

Rafael Belaúnde Llosa
Rafael Belaúnde Llosa

Determinar la conveniencia de hacer o no un proyecto de inversión pública es una decisión a la que se enfrentan cotidianamente las autoridades. Recursos limitados ante múltiples necesidades hacen que esta evaluación deba ser lo más racional y objetiva posible.

El estudio de preinversión sistematiza y analiza información para tomar las decisiones de inversión —es decir, hacer o no hacer el proyecto—; se sopesan los costos y los beneficios que trae el proyecto a la sociedad.

Una vez tomada la decisión de inversión, se elaboran los expedientes técnicos. Esto permite contar con información detallada de ingeniería, adecuados dimensionamientos y realizar una estimación de costos precisa. Así, los contratos de ejecución de obra tendrán menor riesgo de errores técnicos o costos equivocados.

Los estudios de preinversión y los expedientes técnicos son estudios que se utilizan en todo el mundo.

Ante la incapacidad o falta de voluntad para realizar estudios serios que permitan el uso eficiente de los recursos públicos, muchas autoridades cuestionan los estudios de preinversión y los expedientes técnicos.

Existen mecanismos para agilizar las inversiones, como los contratos “concurso oferta” (sobre todo para obras de menor cuantía y baja complejidad), la estrategia de ejecución “fast track”, el uso de metodologías como el Building Information Modeling (BIM), o la implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO).

Los contratos “concurso oferta” en nuestro país enfrentan riesgos de sobrecostos y alto potencial de corrupción, debido principalmente a: (i) los estudios de preinversión tienen un diseño de ingeniería muy referencial y, por ende, los costos presentan un margen de error alto, y (ii) los elevados niveles de corrupción en la gestión pública implican mayor riesgo de firmar contratos sin contar con la información necesaria.

Es falsa la disyuntiva entre hacer proyectos de inversión a tiempo o hacerlos con seriedad. Es obligación de nuestras autoridades hacer las cosas seriamente, honestamente y a tiempo.

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