El uso indebido de las redes sociales del Estado

El manejo de las redes sociales de las entidades del Estado ha adquirido un matiz que despierta sospechas. Ministerios que defienden a la presidenta, mientras que ella se niega a rendir cuentas ante la ciudadanía y la prensa.

Lo que debería ser un canal de comunicación para orientar, informar y educar a la ciudadanía sobre los servicios públicos ha sido convertido en una plataforma de defensa política de personajes con serias investigaciones penales en curso. Ejemplo de ello es la reciente utilización de cuentas oficiales para respaldar a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por parte del MIMP y el Mincul.

Más allá del espectáculo mediático que intentan generar, como en el caso del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quien primero denunció un supuesto “golpe de Estado blando” y luego borró sus publicaciones, lo que se está presenciando es un uso indebido de recursos estatales para fines personales y no institucionales.

Esta acción se contradice con la Directiva n° 03-2022-PCM/SCS, que establece que las redes sociales institucionales “deben servir exclusivamente para el interés ciudadano y la consecución de los objetivos comunicacionales del Estado”.

No obstante, lo que se ha visto es la instrumentalización de estas cuentas para defender a ministros investigados penalmente, como Santiváñez, a quien se le vincula con presuntos pagos de coimas a jueces y la ayuda en la fuga del aún prófugo Vladimir Cerrón.

La normativa vigente es clara: “Las redes sociales de los ministerios y demás entidades del Ejecutivo no pueden utilizarse para hacer propaganda política ni proselitismo”. La confusión entre lo público y lo privado es un reflejo del deterioro del respeto institucional.

Hoy, el Congreso decidirá si procede la censura contra Santiváñez. Sin embargo, los mismos parlamentarios que han mostrado una actitud prepotente al aprobar acusaciones constitucionales de forma arbitraria son los que buscarán blindar nuevamente al Gobierno. 

Hemos entrado en una etapa en la que el Gobierno usa recursos ilegales para enfrentar serias acusaciones contra sus integrantes. Tal directiva solo puede obedecer a falta de recursos democráticos para encararlas.