Reforma de pensiones perpetúa el oligopolio de las AFP pese a relato fujimorista de "competencia"

Las protestas ciudadanas lograron algo que no había ocurrido en los siete retiros AFP: que en un mismo día se apruebe la octava liberación de fondos privados de pensiones en tiempo récord, desde la Comisión de Economía hasta el Pleno del Congreso, en un debate que acumuló siete horas.

Sin embargo, el retiro AFP, ya promulgado por el Gobierno, no ha calmado las aguas de miles de aportantes, debido a que la agenda ahora apunta a la derogatoria de la reforma de pensiones aprobada el año pasado con apenas 38 votos y un impulso voraz de Fuerza Popular.

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La presión social consiguió que el Congreso restituyera a los afiliados la posibilidad de retirar el 95,5% de su fondo de pensiones al jubilarse, además de eliminar la obligatoriedad de aportes para los trabajadores independientes. Sin embargo, estas dos correcciones no borran las críticas de fondo.

El fujimorismo, decidido a que su reforma no se derrumbe, ató el dictamen del retiro AFP a la permanencia del resto de la ley, una maniobra que varios legisladores de izquierda pidieron separar en la Comisión de Economía, sin éxito. Así, en medio de la expectativa ciudadana por liberar sus ahorros, la trampa pasó desapercibida y el núcleo de la reforma se mantuvo en pie, pero con más de 25 proyectos de ley sobre el tintero con de fin de derogar la ley.

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“No se ha logrado ninguna victoria porque nunca se diseñó una verdadera reforma. Lo que hubo fue un conjunto de parches políticos impulsados por Fuerza Popular para asegurar ingresos a las AFP, sin atender los problemas estructurales del sistema”, apuntó el economista Eduardo Recoba a La República.

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Pensión por consumo ni formaliza ni garantiza pensiones

Uno de los puntos más cuestionados es la llamada pensión por consumo, que permite acumular aportes mediante boletas electrónicas. La norma establece que el 1% de cada compra realizada en establecimientos formales se destinaría al fondo de jubilación del afiliado, con un tope de S/40.000 anuales (unos S/3.600 mensuales).

“Es lo más insólito de este reglamento. Ni siquiera cubre al 20% de la masa laboral formal. Es un impuesto ciego mal diseñado, porque nunca se midió costo, beneficio ni población objetivo. Ándate al trapecio amazónico, a Juliaca o a la frontera con Ecuador: nadie pide boleta electrónica”, apuntó.

El profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, advirtió que el mecanismo terminará beneficiando sobre todo a los sectores de mayores ingresos. “Si los alimentos y el transporte no pagan IGV, el 80% de personas que gana menos de S/2.000 apenas podrá destinar S/400 al año. Eso no te mueve la aguja para una pensión”, aseveró.

Recoba también desmonta el argumento de que la norma abra la competencia a más jugadores del sistema privado de pensiones, que Fuerza Popular ha resaltado. “Es mentira lo que dicen los fujimoristas y las AFP. La competencia ya existe. Hay fondos mutuos, ETFs, sociedades administradoras, seguros, bonos. Lo que buscaban era recuperar activos bajo gestión perdidos en los últimos años”, señaló.

Sobre la Oficina de Normalización Previsional (ONP), advierte que la reforma no la tocó en lo absoluto, pese a que son más de 5 millones de personas adscritas a este sistema entre afiliados, cotizantes ypensionistas. “La ONP seguirá siendo lo mismo, un sistema de reparto que le pica al Estado. No hubo ni una sola disposición para modernizarla, ni convertirla en una AFP estatal. Nada. Fue una reforma hecha solo para beneficiar al privado”, apuntó.

El economista especializado en finanzas César Antúnez coincide con ello, al señalar que la ley fue un terno hecho a la medida de las AFP. “¿En 20 años, una pensión de S/600 podrá cubrir mi alimentación? No. La inflación va a crecer”, señala. Además, cuestiona que se haya intentado vender la reforma como una apertura a la competencia.

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Competencia aparente: los mismos grupos, el mismo negocio

A su juicio, el ingreso de los bancos es inviable, pues muchos de ellos pertenecen a los mismos grupos que controlan a las AFP. “¿Cómo un banco va a competir contra su propia subsidiaria? El BCP es dueño de Prima, Scotiabank con Profuturo y Integra en manos del Grupo Sura. No tiene sentido”, comentó.

Tampoco ve espacio para las microfinancieras o cajas, ya que sus operaciones están pensadas en créditos de corto plazo —de tres a cinco años—, mientras que las pensiones requieren inversiones de largo plazo que garanticen estabilidad.

Incluso las aseguradoras, que podrían introducir presión competitiva, pues manejan plazos medianos y largos similares al mercado previsional, enfrentan límites: “Interseguro pertenece a Intercorp, dueño de Interbank, Pacífico Seguros con BCP y Prima AFP. ¿Qué tanta competencia real puede haber si al final son los mismos grupos?”, remarcó Antúnez.

Para el especialista, el resultado final sería el mismo. “Seguimos con un oligopolio de cuatro AFP. La supuesta competencia era solo un discurso político. Por eso las comisiones se mantienen altas y la rentabilidad es baja; no hay incentivos reales para mejorar”, explica.

Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, prevé que esa disposición de la "competencia" no generará cambios.

"Para mí lo que va a pasar es que las cuatro AFP seguirán concentrando el 90 y tantos por ciento de los aportantes. Cada entidad tiene su especialidad: no es que una caja o un banco me vayan a poder dar servicios pensionarios, no es lo mismo. No cambiará el panorama. Scotiabank, por ejemplo, está relacionado a Profuturo; no te van a competir”, afirmó

Otro punto de fricción son las comisiones. “La gran pregunta es por qué las comisiones siguen altas y los rendimientos son tan malos. En 2020, cuando los fondos tuvieron pérdidas por la pandemia, las AFP igual repartieron millones en utilidades. Eso indigna a los aportantes”, agrega Antunez.

Respecto a los independientes, el economista justificó que se elimine la obligatoriedad. “No hay ningún estudio que demuestre que un independiente deba ser subsidiado por el Estado. Generalmente se hacen independientes porque perciben mayor renta y prefieren invertir o consumir hoy. Por eso apenas 130.000 de 5 millones aportan voluntariamente, el 2%”, señaló.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) indica a este diario que se debe derogar la Ley 32123 y se debe realizar una nueva reforma en consenso. “Esta norma recorta derechos, impone aportes forzados y eleva la edad para la jubilación anticipada. Fue tecnocrática y sin diálogo social”, apuntó.

En diálogo con La República, la congresista Sigrid Bazán señaló que tal como está, la reforma sigue siendo perjudicial, solo se ha hecho un maquillaje. “Se mantiene la comisión que cobran las AFP por pensión por consumo, se mantiene la jubilación anticipada (REJA) a los 55 años, que antes era a los 50 años, y se mantiene la falsa comisión por productividad que incorpora una comisión fija a las AFP”, criticó.

En contraposición, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se mostró en contra de que se restituya el retiro del 95,5% de los fondos de pensiones al momento de jubilarse, toda vez que “desvirtúa la razón de ser del sistema previsional”, cuyo fin es garantizar una pensión vitalicia al afiliado y, en caso de fallecimiento, una pensión de sobrevivencia para sus dependientes. En su opinión, realizar cambios tan pronto solo genera incertidumbre y desconfianza, lo que termina debilitando la institucionalidad y afectando negativamente la inversión y el crecimiento económico.

Óscar Alarcón, secretario general de la Central Nacional de Jubilados (Cenajupe), pidió derogar la reforma porque no incorpora solidaridad y sostenibilidad tripartita, donde aporten trabajador, Estado y empresa. “Muchos jubilados reciben S/600, monto que no cubre la canasta básica. De los S/1,130 del sueldo mínimo, apenas llegamos al 53%, nos faltan 530 soles. Exigimos que ningún pensionista en el Perú debe recibir menos que la Remuneración Mínima”, enfatizó.

Retiro AFP: con menos dinero administrado, "más eficientes"

El economista César Antúnez se refirió al impacto del octavo retiro AFP, que permitirá la salida de S/26.000 millones de los fondos. Aunque un sector advierte que esta reducción debilita a las AFP en la administración de fondos, Antúnez cuestionó ese discurso.

“Se dice que la cartera será más pequeña y menos eficiente. Pero es todo lo contrario: con menos fondos tendrían que demostrar eficiencia. Lo que han probado hasta ahora es que, administrando miles de millones, han dado rendimientos bajos y cobrado comisiones altas”, apuntó.