
La Ley AB 450 de California se establece como una defensa fundamental para los inmigrantes indocumentados frente a los operativos migratorios federales promovidos durante la presidencia de Donald Trump. Esta normativa, vigente desde 2017, busca que las empresas no colaboren con inspecciones de ICE sin las debidas garantías legales, garantizando así derechos y protección a los trabajadores afectados.
Impulsada y defendida por el gobernador Gavin Newsom, la ley obliga a los empleadores a notificar a sus empleados cuando reciban avisos de inspección. También limita el acceso de agentes migratorios a áreas privadas sin orden judicial. Estas medidas refuerzan la política de “estado santuario” de California en medio de un escenario de tensión migratoria en Estados Unidos.
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La Ley AB 450 prohíbe que los empleadores permitan la entrada de oficiales de inmigración a zonas no públicas sin una orden judicial válida. También limita la entrega de documentos laborales, que solo pueden ser entregados ante citaciones formales o autorización judicial, tanto en el sector público como privado.
Además, obliga a las compañías a informar a sus empleados mediante un aviso visible dentro de las 72 horas siguientes a la notificación de una inspección. Este aviso debe incluir:
El texto debe estar en el idioma que la empresa usa habitualmente para comunicarse con sus trabajadores.
Los empleados que resulten identificados como presuntos indocumentados deben recibir un aviso escrito con los resultados y las posibles acciones a seguir. La ley también establece el derecho de los trabajadores a contar con representación legal durante cualquier reunión relacionada.
La AB 450 impide que los empleadores realicen reverificaciones del estatus migratorio sin base legal, limitando esta práctica únicamente a lo que establece la ley federal bajo el título 8 del Código de Estados Unidos. Las multas por incumplimiento pueden llegar hasta US$10.000, aplicadas por el Comisionado Laboral o el Fiscal General de California.
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Desde su promulgación, la Ley AB 450 se convirtió en una pieza clave dentro de la política migratoria de California, consolidando su carácter de “estado santuario”. La normativa busca proteger a los trabajadores vulnerables y asegurar que las autoridades federales cumplan con procedimientos legales estrictos en sus operativos.
El gobernador Gavin Newsom ha mantenido el respaldo a esta legislación como un escudo para los inmigrantes frente a la ofensiva migratoria de Donald Trump. Aunque la ley no impide las acciones federales con orden judicial, limita la cooperación voluntaria de empresas, fortaleciendo la defensa de derechos laborales y humanos en California.

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