
El gobernador Ron DeSantis firmó la Ley HB 915, una pieza legislativa fundamental para combatir el fraude emprendido por falsos abogados y falsos notarios públicos de Florida obligando a quienes brindan asesoría en inmigración, pero sin la licencia correspondiente, a advertir a sus clientes que no están en la posición de dar asesoría jurídica, y esto a su vez será cabe prohibiéndose el uso de términos engañosos. La ley responde a una serie de fraudes que han ido en aumento en Florida, maltratando la seguridad, y afectando el estatus migratorio de, por lo menos, miles de inmigrantes.
La Ley HB 915 recibió un apoyo cuasi unánime dentro de la Legislatura estatal, lo que indica que existe un consenso bipartidista, por cierto, importante en la protección de cualquiera de las comunidades más vulnerables del Estado Unidos. La nueva normativa define recursos procesales civiles para las personas que hayan padecido un menoscabo, lo que les permite iniciar demandas por daños y sufragar los gastos procesales derivados de los procesos civiles.
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La Ley HB 915 establece que cualquier persona que carezca de licencia para ejercer el derecho y se dedique a prestar servicios de asesoramiento legal en inmigración debe mostrar un aviso ostensible y notorio del siguiente tenor: "No soy abogado con licencia para ejercer el derecho y no puedo ofrecer asesoría legal ni aceptar honorarios por asesoría legal. No estoy habilitado para representarle en asuntos de inmigración".
La ley también restringe la utilización de expresiones engañosas, tales como "asistente de inmigración" o "especialista en inmigración" a fin de no confundir a las víctimas, lo cual podría llevar a la comisión de fraudes. Las víctimas tendrán a su disposición las acciones judiciales a fin de poder demandar el daño y perjuicio, así como también el poder recuperar honorarios de abogados a través de procesos judiciales, lo cual le da a las víctimas una herramienta para acceder a la justicia.
La ley de Florida tuvo un respaldo importante, ya que fue aprobada por 114 votos a favor y 1 en contra en la Cámara de Representantes, y fue aprobada por unanimidad en el Senado. La ley fue promovida por legisladores demócratas como Johanna López, Marie Paul Woodson y Tina Polsky, quienes señalaron que el fraude que surge de la notaría explota la confusión lingüística, así como también cultural que tiene la comunidad migrante.
Thomas Kennedy, consultor de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dijo a medios de comunicación que la ley era “un paso en la dirección correcta” e incluso señaló que muchas personas migrantes se ven vulnerables ante estafas que se traducen incluso en deportaciones. Sectores conservador y religioso apoyaron al proyecto de ley, lo cual deja claro que existe un consenso a partir de la gravedad de la problemática.
Ron DeSantis, a pesar de que promueve políticas muy estrictas contra inmigrantes irregulares, la firma de la Ley HB 915 también reconoce, aunque sea implícitamente, que la comunidad migrante es vulnerable ante los abusos legales. Esta ley busca frenar uno de los tipos de fraude que existían, mientras que Florida se sigue manteniendo como uno de los estados con mayor número de personas inmigrantes en los Estados Unidos.
En una Florida central y sur, donde viven importantes comunidades hispanas, se ha popularizado el fraude de abogados falsos, haciendo que muchas personas que buscan regularizar su situación migratoria queden atrapadas en él. La ley que se implementará el 1 de julio busca dar claridad y seguridad jurídica a estas personas.

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