¿Qué es el swatting? Ron DeSantis aprueba nueva ley contra esta práctica con sanciones fuertes en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que busca frenar el "swatting", una práctica que, aunque comenzó como una broma entre gamers y comunidades donde se realiza transmisiones en vivo, ha causado graves consecuencias e incluso la pérdida de vidas. La nueva legislación entrará en vigor el 1 de julio de 2025.

La norma HB 279 impone castigos severos para quienes realicen llamadas falsas a los servicios de emergencia, con el objetivo de evitar movilizaciones innecesarias y daños colaterales. El objetivo de la medida es frenar el uso abusivo del sistema de comunicaciones de emergencia.

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¿Qué es el swatting?

El swatting es la acción que implica realizar llamadas engañosas al 911 o servicios de emergencia similares, simulando una situación crítica que requiere una respuesta inmediata, generalmente por parte de las fuerzas SWAT (Special Weapons and Tactics). Esta conducta ha ganado notoriedad principalmente en entornos digitales, como comunidades de videojuegos y transmisiones en vivo, donde sujetos buscan molestar o intimidar a sus objetivos mediante falsas alertas.

El caso más emblemático ocurrió en 2017 en Wichita, Kansas. Un joven conocido como Tyler Barriss hizo una llamada falsa alegando un secuestro y asesinato en una dirección equivocada. La policía llegó a la casa de Andrew Finch, un inocente ciudadano que no tenía relación con la disputa que originó el incidente. Tras la irrupción, un oficial disparó fatalmente contra Finch, una tragedia que llevó a Barriss a recibir una condena de 20 años de prisión. Este suceso evidenció la gravedad del swatting y la necesidad de legislar para prevenirlo.

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Ley HB 279 contra el swatting

Consciente de los riesgos y el impacto de estas falsas llamadas, el gobernador Ron DeSantis aprobó la HB 279, que modifica varios artículos del estatuto estatal para castigar con rigor el uso indebido del sistema de emergencia 911, así como sus versiones electrónicas E911 y NG911. Esta legislación busca proteger tanto a la ciudadanía como a los recursos públicos frente a la utilización fraudulenta del sistema.

La normativa establece diferentes grados de delito dependiendo del daño ocasionado. Por ejemplo, si una llamada falsa resulta en lesiones graves, desfiguración o discapacidad de la persona involucrada, se considera un delito grave de tercer grado. En casos donde la intervención policial provoca la muerte, el delito se eleva a segundo grado. Además, quienes reincidan tras cuatro condenas podrán enfrentar también cargos penales graves.

Además de las penas, la ley introduce una obligación económica para los responsables. Los tribunales deben exigir a los condenados cubrir los costos derivados de sus actos, incluyendo gastos de investigación, procesamiento judicial, restitución a las agencias de seguridad y compensación a las víctimas afectadas, ya sea por daños físicos o materiales. Esta medida innovadora busca desincentivar estas conductas al imponer consecuencias financieras directas a los autores.

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