
Es posible que viva en una ciudad santuario y crea que las leyes locales ofrecen suficiente protección contra el rastreo o la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, esta suposición no es totalmente exacta.
Según la organización ACLU, mediante acuerdos con empresas privadas como Appriss Solutions y plataformas como LexisNexis Accurint Virtual Crime Center, el ICE ha creado métodos discretos que le posibilitan acceder a datos sensibles sin requerir la cooperación directa de las autoridades locales.
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El acuerdo entre el ICE y las empresas privadas se fundamenta en el acceso indirecto a bases de datos que contienen información actualizada sobre arrestos, tiempos de liberación y otros registros judiciales.
A pesar de que leyes estatales como las de Colorado prohíben de manera clara que los empleados públicos compartan estos datos con el ICE, los acuerdos con empresas privadas permiten eludir esas restricciones legales. Así, sin necesidad de una orden judicial o una causa penal, el ICE puede localizar y deportar a inmigrantes utilizando sistemas creados para otros propósitos.
LexisNexis, conocida por su influencia en el ámbito legal y periodístico, amplió su enfoque hacia la vigilancia policial. Su plataforma Accurint Virtual Crime Center obtiene datos de más de 10.000 fuentes, muchas de las cuales provienen de registros públicos y agencias de seguridad a nivel nacional.
Esta herramienta, comercializada como una forma de ofrecer una "visión completa de la identidad", está disponible para organizaciones suscriptoras, entre ellas el ICE. Al obtener acceso a Accurint a través de Appriss Solutions, el ICE puede monitorear en tiempo real a personas registradas en cárceles estatales o locales, incluso en aquellos casos donde dichas jurisdicciones prohíben de manera explícita el intercambio de esta información con el gobierno federal.
Hay varios departamentos del sheriff que están oficialmente asociados con estas plataformas tecnológicas. En Colorado, 87 agencias policiales participan en este sistema, lo que implica que la mayoría de las detenciones en el estado quedan registradas en bases de datos que pueden ser consultadas por el ICE.
En ciertos casos, como en el condado de Denver, los funcionarios policiales incluso forman parte del directorio de estas plataformas, lo que indica una colaboración directa que contraviene las leyes estatales. El uso oculto de estas herramientas también intensifica el temor en las comunidades inmigrantes.

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