
La ofensiva migratoria liderada por el presidente Donald Trump ha encontrado en Florida su principal bastión, donde el gobernador Ron DeSantis ha reforzado un operativo de cooperación sin precedentes entre autoridades federales, estatales y locales. Más de 500 agencias de todo el país se han sumado a la campaña de deportaciones, y aproximadamente la mitad son de este estado del sur.
DeSantis esta semana, trabajando de nuevo con altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, presentó otra vez, lo que su oficina describe como el resultado de una operación en la que se arrestaron a cerca de 800 inmigrantes en menos de siete días. La estrategia implica el uso de la policía de carretera y de agentes de condados que ya están trabajando junto con ICE en las labores de detención.
En diciembre pasado, el ICE mantenía 135 acuerdos de colaboración con autoridades locales en 21 estados. Sin embargo, la cifra ha escalado rápidamente a 506 convenios distribuidos en 38 estados, y se espera que 74 agencias más se sumen en los próximos meses. Florida, bajo el liderazgo de Ron DeSantis, concentra la mayor parte de estas alianzas: todas las agencias de los 67 condados del estado participan en operativos migratorios.
El objetivo es reforzar la capacidad operativa de ICE, que cuenta con solo 6.000 agentes de deportación para hacer frente a una población estimada de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En Florida, 80 oficiales de la Patrulla de Carreteras participaron en arrestos en ciudades como Jacksonville, Orlando y Tallahassee, así como en los condados de Broward y Miami-Dade.
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han impugnado enérgicamente la legalidad de estas lluvias de detenciones y las han puesto en entredicho, en tanto que sostienen que ataca la cláusula de la Constitución que atribuye a las autoridades federales la competencia exclusiva para la cuestión migratoria.
La abogada experta y cofundadora del colectivo Sanctuary of the South, Katie Blankenship, manifestó que se utilizan técnicas que “aterrorizan a las comunidades” y apuntó que muchos de los agentes locales no están capacitados como deberían para abordar estos casos de una forma equitativa.
La nueva estrategia impulsada desde la administración Trump y respaldada por DeSantis busca ampliar la captura de inmigrantes más allá del sistema carcelario. A diferencia del enfoque aplicado durante el gobierno de Joe Biden, —donde las detenciones eran limitadas a personas que ya estaban encarceladas—, el modelo actual prioriza los arrestos en comunidades y espacios públicos. Esto ha provocado que muchos inmigrantes sean interceptados en controles de tránsito o saliendo de sus lugares de trabajo, incluso si no tienen antecedentes penales.

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