
La Ley SB 1718, promovida por el gobernador Ron DeSantis, ha causado gran controversia desde su implementación en julio de 2023. Esta legislación restringe la validez de las licencias de conducir de varios estados dentro de Florida, una medida que afecta principalmente a inmigrantes y genera preocupaciones sobre la identificación en el estado. La ley modifica la aceptación de licencias de conducir de cinco estados: Delaware, Hawái, Rhode Island, Vermont y Connecticut, limitando su uso si contienen inscripciones específicas.
Aunque la medida se presenta como una forma de controlar la inmigración y reforzar la seguridad, ha sido vista como un obstáculo para quienes dependen de estas licencias no federales para acceder a servicios y como identificación válida. La implementación de esta ley también ha generado debate a nivel nacional, especialmente en comunidades vulnerables de inmigrantes en Estados Unidos, poniendo en duda sus efectos sobre los derechos y el acceso a servicios básicos.
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La implementación de la Ley SB 1718 en Florida ha generado grandes preocupaciones entre inmigrantes indocumentados, ya que limita el uso de licencias de conducir de varios estados. En estados como Delaware y Rhode Island, las licencias incluyen leyendas como "Solo privilegio de conducir", lo que las invalida para su uso en Florida. Esta medida refleja un endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Ron DeSantis, afectando no solo a residentes, sino también a turistas y trabajadores que dependen de estas licencias como identificación.
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) ha advertido sobre las posibles sanciones legales para quienes presenten licencias de los estados afectados. Ante estas restricciones, los inmigrantes temen que aumenten las dificultades para acceder a servicios esenciales. A medida que la ley se refuerza en 2025, se recomienda buscar asesoría legal para resolver posibles inconvenientes relacionados con la retención de licencias.
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La Ley SB 1718 ha suscitado un intenso debate a nivel nacional, con defensores y opositores expresando sus preocupaciones. Mientras algunos argumentan que la medida es necesaria para garantizar la seguridad pública, otros la consideran una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes. Las organizaciones de derechos civiles han comenzado a movilizarse para desafiar la ley y proteger los derechos de los inmigrantes en Florida.
Esta ley representa un cambio significativo en la política de licencias de conducir en Florida, afectando a miles de inmigrantes indocumentados y generando un clima de incertidumbre. A medida que se implementan estas restricciones, es crucial que las comunidades afectadas busquen apoyo y asesoría legal para navegar por este nuevo panorama legal.

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