Juez pide respetar las críticas que los periodistas realizan a la labor fiscal y judicial

El juez del sexto juzgado investigación preparatoria nacional Leodan Cristóbal Ayala invocó a respetar "las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento" y aceptar que los periodistas formulen "análisis y críticas de las decisiones" del Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de "garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa para el fortalecimiento de una sociedad democrática".

Cristobal Ayala hizo esta afirmación en una resolución de cese de prisión preventiva en la que revisó las resoluciones del Equipo Especial de Fiscales del caso 'Cuellos Blancos del Puerto' del 5 de abril, del fiscal Andy Junior Rodríguez, y del 23 de abril de 2023, del fiscal Cristhian Alfaro.

En estas resoluciones se decidió el inicio y cierre (archivo) de una investigación secreta a los periodistas Juan Carlos Tafur de Sudaca y César Romero Calle de La República por presunta organización criminal, indagatoria en las que se ordenó actos de seguimiento, video vigilancia y vigilancia electrónica en sus desplazamientos diarios y dentro de sus domicilios.

Igualmente,  la resolución de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional  del 2 de noviembre del 2023, suscrita por los jueces superiores Sonia Torre Muñoz, Jhonni Hanz Contreras Cuscano y María Esther Felices Mendoza, que la fiscal superior provisional y coordinadora del mencionado equipo especial Magaly Quiroz Caballero utiliza públicamente para justificar la persecución secreta a los periodistas, que se inició siete meses antes.

Los documentos excluidos

El juez encuentra que en la resolución de la Sala de Apelaciones se llega a conclusiones y se realiza afirmaciones inexactas que no tienen respaldo en el contenido de las carpetas fiscales 87-2023 y 09-2019 relativos a la investigación a los periodistas y ha presuntos integrantes de la red de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Además, los jueces superiores analizaron una serie de documentos no corroborados, que el juzgado y el mismo tribunal excluyeron del debate.

El 4 de mayo de 2023, el juez Cristóbal Ayala descartó que la fiscalía introduzca en el debate público del caso del abogado José Luis Castillo Alva el acta de información de fuente abierta y el registro de llamadas relacionadas con los periodistas, al considerar que estas no eran conducentes para acreditar un peligro procesal y, al contrario, afectan la libertad de prensa.

Una decisión que el tribunal superior confirmó el 11 de septiembre de 2023. Es decir estos documentos no formaban parte del expediente, los habían dejado fuera, tal es así que en la audiencia pública que la Sala Superior realizó el 12 de septiembre, esos puntos no se discutieron.

Sin embargo, sí se introducen y son puntos centrales en los argumentos de la resolución del 2 de noviembre de 2023. Lo que supone que los jueces superiores fueron en contra de su propia decisión. Los periodistas no forman parte del caso Castillo Alva por lo que están impedidos de ejercer su defensa, a pesar de lo cual se hacen acusaciones contra ellos que afectan su imagen y la presunción de inocencia.

Sembrando la prueba

Otro detalle. Los jueces superiores afirman categóricamente que el abogado Castillo Alva tuvo comunicación con el número telefónico 949710664 que se afirma pertenecería a César Romero Calle, pero la fiscalía no ha presentado algún informe de una compañía telefónica que certifique que el titular de esa línea es el mencionado periodista.

Al contrario, hay documentos que establecen que ese número le pertenecería en realidad al fiscal superior Regis Oliver Chávez Sánchez. (El juez no lo dice pero es indudable que se atribuyó ese número al periodista con la perversa y malévola intención de establecer un triángulo fiscal-periodista-abogado que sustente la calificación de organización criminal. ¿Qué otra explicación puede haber? para tamaño error).

El juez también señala, al contrario de lo que afirma la fiscalía y la Sala Superior, que es imposible que antes del 16 de abril de 2023, el abogado induzca a los periodistas y medios de comunicación a publicar artículos que afecten la investigación y frustren el pedido de prisión preventiva.

Abril 2023

Pues, informa que recién el 17 y 18 de abril, el juzgado cumplió con notificar al mencionado abogado la resolución del fiscal Andy Junior Rodríguez por la cual se dispone la continuación de la investigación preparatoria y se solicita la medida restrictiva de la libertad personal.

La fiscalía no ha acreditado que el abogado tuviera conocimiento de esa decisión antes del 16 de abril. El equipo especial no emitió una nota de prensa o algún comunicado dando a conocer esa decisión a los medios de comunicación y al público en general.

La formalización de la investigación y el pedido de prisión al mencionado abogado no han trascendido a la prensa hasta el día de hoy. Lo que se conoce de ese caso es por las audiencias públicas y las resoluciones judiciales.

"La formalización de investigación y el pedido de prisión preventiva de Castillo Alva recién fue notificada el 17 y 18 de abril, después de la publicación de las notas periodísticas, por lo que no había posibilidad que el abogado induzca a los periodistas a realizar una publicación tendenciosa", puntualiza el magistrado.

Además, el juez concluye que "entre la fecha de la apertura (inicio) de la investigación preliminar, 5 de abril de 2023 y la fecha de cierre de la investigación secreta, 23 de noviembre de 2023, no se habría hallado información relevante de posibles encuentros, conexiones, relaciones o comunicaciones entre José Luis Castillo Alva o Percy Eduardo León Alva con los periodistas autores de las publicaciones del 27 y 30 de marzo y del 16 de abril en el portal Sudaca y La República, por lo que se dispuso archivar esa investigación".

Es de señalar que en abril de 2023, se produce la esperada extradición del expresidente Alejandro Toledo desde Estados Unidos al Perú por el caso Odebrecht y se empiezan a hacer públicas los desencuentros entre los fiscales del equipo especial "Lava Jato", Rafael Vela y José Domingo Pérez con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Dos hechos que atrajeron la atención de la prensa durante esa época.

Labor periodística

Al contrario, enfatiza el juez "se ha acreditado que existen múltiples publicaciones en Sudaca y La República centradas en la investigación periodística -esencialmente- a la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y otros eventos de corrupción de ámbito nacional y de interés público, en los que se informa y hacen críticas al desempeño fiscal de todos los niveles del ministerio Público vinculado a su deber de persecutor del delito".

Esto, añade el juez, "guarda coherencia con la meritoria labor social de los medios de comunicación, esto es, investigar, informar y formular críticas. Al respecto, el artículo 2, inciso 4 y artículo 139°, inciso 20 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a "las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento" y "a formular análisis y críticas de las decisiones" de los jueces y fiscales.

 "A decir del Tribunal Constitucional al libre desarrollo de la personalidad y las libertades de conciencia, opinión y expresión, con las vertientes subjetivas a través de las cuales se garantiza el pluralismo como valor democrático en un Estado Constitucional de Derecho, de ahí que el Estado debe garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa para el fortalecimiento de una sociedad democrática", subraya el magistrado.

"En este caso -continúa-,  los innumerables artículos publicados por Juan Carlos Tafur y de César Romero Calle durante los años 2020 a 2023 dan cuenta de su dedicación a la investigación periodística de hechos emblemáticos de corrupción y criminalidad organizada en el país, a través de análisis y crítica a la labor fiscal en todos los niveles del Ministerio Público sobre la persecución del delito en dicho ámbito".

"Las publicaciones efectuadas sobre el trabajo fiscal en torno al caso 'Cuellos Blancos del Puerto', el 16 de abril de 2023 obedecen al mismo objetivo e interés periodístico, pues, en ambos artículos se informa la posible desconfianza al interior del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos por presunta filtración de información reservada del caso por parte de una fiscal adscrita al referido equipo de fiscales, lo que en efecto es de interés público, en tanto que no se ha expuesto un hecho concreto de investigación fiscal que merece la reserva del caso", enfatiza.

Riesgo fantasma

Sobre este punto, el magistrado añade que aunque la Sala Superior afirma que se "publicó información no oficial que se encuentra en proceso de investigación y que dicha publicación colocaría en serio riesgo el trámite" del proceso, no obstante, no se precisa cuál es esa información sensible y reservada propia de la carpeta fiscal N° 9-2019 que se ha publicado".

La fiscalía y los jueces superiores "tampoco indican de qué modo una publicación periodística ha afectado el curso normal de la investigación, esto es, no hay datos sobre cuál es el perjuicio concreto que la investigación fiscal ha sufrido con dicha publicación" de los periodistas que se pretende criminalizar. 

En otro punto, el magistrado anota que hasta el momento, febrero 2024, se desconoce de manera cierta a quién pertenece el número telefónico 994 690 274 que registra el 31 de enero de 2014, dos llamadas, y el 3 de marzo de 2014, dos llamadas, con el número del abogado Castillo Alva.

La fiscalía y la Sala Superior atribuyen este número a César Romero Calle, pero el periodista no ha sido citado a declarar para corroborar esa información y no existe reporte de una compañía telefónica que lo verifique. El reporte de fuente abierta que emitió el fiscal adjunto Max Alessandro Castro, como se ha dicho, fue excluido como indicio probatorio por el juez y el tribunal superior. Tampoco es información concluyente.

Interés público

Siguiendo con su análisis, el juez observa que, en todo caso, esas únicas llamadas del año 2014, hace 10 años, no pueden acreditar que hubo comunicación entre el abogado y el periodista en la época en que se publicaron los artículos que la fiscalía busca criminalizar.

Por todo lo cual, a partir de la resolución del 23 de noviembre, el magistrado concluye que 1) no se halló ninguna vinculación entre el imputado y los periodistas en cuestión, 2) las notas periodísticas sobre los fiscales que investigan a los integrantes de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos' son de interés periodístico recurrente, 3) no se trata de una publicación aislada y 4) no se advirtió de alguna información fiscal concreta de carácter sensible o reservada de la carpeta fiscal 9-2019 que se haya expuesto al público.

"La conducta de haber inducido a un medio de comunicación debe estar relacionada a una conducta activa coetánea a la publicación de la información del 16 de abril de 2023 no obstante sobre la vinculación del imputado con el periodística sólo se tiene data de comunicación del año 2014 y un número no asociado al periodista, sino al fiscal Oliver Chávez", concluye el magistrado.

Los celos por la gloria

La resolución del juez del cese de prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva también da cuenta de una serie de resoluciones e informes emitidos por el equipo especial de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' que corroboran las continuas, recurrentes y permanentes desavenencias, celos y sospechas al interior de este grupo de trabajo, que trataremos en otro artículo por ser de interés público, aunque esto irrite a los fiscales. El juez dispone que esos informes sean puestos en conocimiento de las autoridades de Control del Ministerio Público.

En el artículo "La desconfianza afecta investigaciones a 'Cuellos Blancos del Puerto' que salió publicada en la edición impresa de La República del 16 de abril de 2023 buscamos advertir como esa desconfianza, pleitos y acusaciones mutuas entre fiscales vienen perjudicando las investigaciones y los distrae de los objetivos que se trazaron el 2018, hace más de cinco años: investigar, acusar, llevar a juicio y lograr condenas a una red de corrupción judicial que buscó pervertir la justicia con interés subalternos y amañar procesos judiciales.