El Informante: La corrección peligrosa, por Ricardo Uceda

Un debate reciente organizado por el IPYS y la Fundación Mohme ha vuelto a poner sobre la mesa una sentencia judicial que proscribiría al programa humorístico La paisana Jacinta. Se le atribuyó afectar derechos de las mujeres andinas. Acordada por mayoría en segunda instancia, aún le falta el voto de un magistrado para ser firme. Es respaldada por la Defensoría del Pueblo y por un amplio sector de activistas contra el racismo. Pero también puede ser objetada desde la perspectiva de la libertad de expresión, y el cruce entre ambas visiones animó el coloquio. A favor de la sentencia opinó Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocinó la censura ante un juzgado del Cusco. En contra, Betzabé Marciani, profesora principal en la Facultad de Derecho de la PUCP.

Un segundo tema fue el reproche del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa a la reproducción por La República del mensaje emitido por una tuitera. Recibió una ola de insultos por parte de un sector predominantemente machista y procaz. El diario, según el fallo, debió prever estos ataques y proteger a la víctima inhibiéndose de difundir su opinión. Este punto de vista fue defendido por Celia Rubina, decana de la Facultad de Comunicaciones de la PUCP y miembro del tribunal. En contra opinó el abogado Roberto Pereira, experto en libertad de expresión.

Lo que diga el juez

Según Juan Carlos Ruiz, los contenidos de La paisana Jacinta vulneran la dignidad humana y los derechos al honor, la igualdad y la no discriminación de las ciudadanas andinas. Dio por demostrado que promovían el racismo y el bullying infantil en los colegios. La vía procedente para proteger los derechos afectados, agregó, era obtener judicialmente una orden de reformulación de contenidos. Los jueces fueron más allá, disponiendo la censura. Aunque la medida colisiona con las libertades comunicativas, estas no son irrestrictas y pueden limitarse para proteger bienes superiores.

Betzabé Marciani, reconociendo que los contenidos de La paisana Jacinta pueden ser discriminatorios u ofensivos, mencionó los problemas que acarreaba censurarlos. El primero, la dificultad de determinar lo que realmente es segregacionista. Luego, ¿qué garantiza que un juez lo determine correctamente? Por otra parte, al recurrir al Derecho, debe aceptarse su actuación ante todas las expresiones objetables: las caricaturas que ofenden a los islámicos, los anuncios que reprueban acostarse con alguien del mismo sexo, los raps sexistas. En esa pendiente resbaladiza, opinó, no se termina enfrentando un problema estructural como el racismo, sino imponiendo un concepto de buen gusto o patrón expresivo de cierta clase media educada.

-No todo lo reprobable debe ser jurídicamente prohibido- concluyó.

El fallo del tribunal

El segundo debate se originó en la disconformidad expresada por La República ante un fallo del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, que le reprochó haber publicado un tuit de Yanira Dávila, presentadora de televisión, a propósito de los fuegos artificiales que hinchas de Universitario de Deportes hicieron durante el toque de queda. “En este momento he dejado de ser de la U”, escribió. Recibió violentos ataques, muchos de ellos sexistas y asociados a su condición de mujer. Al justificar el fallo del tribunal, Celia Rubina dijo que el diario propagó el tuit cuando este ya recibía ataques, incluyendo la foto y cuentas electrónicas de la víctima, cuya opinión no era relevante en el ámbito deportivo. Destacó que el medio, a diferencia de la posición asumida ante el CPP, reconoció ante sus lectores que su publicación no era necesaria, ofreciendo disculpas antes de retirarla.

Roberto Pereira sostuvo que el Tribunal de Ética no proponía un criterio aplicable para situaciones similares. ¿Qué idea había detrás? ¿Los medios debían inhibirse de divulgar tuits controversiales de mujeres porque podían ser condenadas? ¿Esa no sería una forma de silenciar sus opiniones? Mencionó un tuit de la actriz Tatiana Astengo, presumiblemente peyorativo hacia la policía, que también es atacado con saña. Para el abogado, quien emite un tuit decide participar en el debate público en un foro por momentos salvaje. Los medios, añadió, no pueden controlar sus consecuencias ni mantenerse al margen.

Algo incorrecto

Fueron debates valiosos, porque compartieron ideas en temas usualmente confrontados mediante insultos. Respecto de La paisana Jacinta habría que añadir un detalle de la sentencia. Más allá de apoyarse en conclusiones declarativas de organismos especializados, en ninguna parte demuestra que el contenido del programa produce los daños señalados. Lo resalta el voto en minoría de la ponente, Yenny Delgado Aybar, actual presidenta de la Corte Superior del Cusco. Y advierte que la censura previa implicada en la sentencia excede las excepciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. De otra parte, la lectura de los votos en mayoría justifican los peores temores de Betzabé Marciani. Los jueces disponen que el Estado revise de inmediato los contenidos en los medios que pudieran estar afectando los derechos de grupos sociales. La puerta para el control judicial de contenidos ya está abierta.

Los grupos vulnerables, sobre todo si requieren leyes que los protejan, no pueden tener derecho a no ser insultados u ofendidos. O a no ser objeto del humor negro, que se asienta, precisamente, en los defectos que todos tenemos, y que puede llegar a ser afrentoso. En cuanto a la prensa, ya pierde suficiente peso prestando atención a opiniones irrelevantes en el Twitter como para tener que cargar con la responsabilidad de quienes deseen zambullirse en un río de pirañas.

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