Justicia rechaza oposición del MTC y Belmond seguirá administrando el hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu
Gobierno Regional del Cusco presenta queja contra la jueza que otorgó medida cautelar a favor de la empresa privada, la cual continúa en posesión del exclusivo hotel pese a que la concesión culminó el pasado 16 de mayo.
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Un nuevo revés para quienes buscan recuperar el Hotel de Turistas de Machu Picchu. La jueza del Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima, Sylvia Llaque Napa, declaró improcedente la oposición presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contra la medida cautelar que favorece a Perú Belmond Hotels S.A. Dicha resolución permite a la empresa continuar administrando el Sanctuary Lodge, pese a que el contrato de concesión venció el pasado 16 de mayo.
Con esta decisión, la cadena hotelera reafirma su intención de prolongar por 64 meses la posesión del exclusivo hotel, alegando pérdidas económicas superiores a 11 millones de dólares como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y las protestas sociales. Esta demanda se encuentra actualmente en proceso ante la Cámara de Comercio de Lima.
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Edward Álvarez, gerente general del Gobierno Regional del Cusco, calificó la resolución judicial como “leguleyadas legales” y sostuvo que Belmond pretende perpetuarse en un bien público. Asimismo, informó que, a través de la Procuraduría Regional, se ha presentado una apelación y una queja formal contra la magistrada Llaque Napa.
“Consideramos que esta medida cautelar no se encuentra dentro del marco normativo”, declaró.
Gobernador ausente
Por otro lado, el pasado martes el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, no asistió a la sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la que debía informar sobre las acciones legales emprendidas para recuperar el hotel de Machu Picchu. Su ausencia generó diversos cuestionamientos.
“Es la segunda vez que no se presenta. Hace falta más transparencia en el tema (...). Creo que el gobernador tiene dos relatos: uno que dice que defiende los intereses regionales y otro que evade cuando se le solicita información. Queremos saber cuál es la batalla legal que se está implementando para recuperar este bien público”, expresó la congresista Ruth Luque.
La legisladora también cuestionó la resolución judicial que favorece a la empresa privada y criticó una presunta inacción por parte del Gobierno Regional del Cusco.
“Queremos saber cuál es la estrategia legal, quiénes son los abogados que están liderando esta demanda. No tenemos esa información por parte del gobernador”, finalizó.
