Alcalde de Puno lanza campaña para que dueños de inmuebles no alojen a extranjeros tras crimen en karaoke

Luego del asesinato de un joven peruano a manos de un ciudadano colombiano dentro de un karaoke sin licencia, ubicado a pocos metros del lago Titicaca, el alcalde de Puno, Javier Ponce, inició una campaña para instar a los propietarios de inmuebles a no alquilar sus viviendas ni ofrecer alojamiento a ciudadanos extranjeros.

El alcalde afirmó que, aunque su iniciativa no reducirá directamente los índices de criminalidad, contribuirá a mitigar el clima de inseguridad que sigue creciendo en la ciudad lacustre.

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“Pueden venir extranjeros bienvenidos, pero este mensaje es para todo los extranjeros ilegales, a los que no tienen documentos, o documentos vencidos. A ellos sí. Hay extranjeros buenos, que quieren desarrollarse, bienvenidos sea”, dijo en diálogo con La República.

Ponce, criticado por no eliminar bares y cantinas sin licencia en la avenida Costanera, intentó desmarcarse de las críticas públicas al señalar que no es el único responsable de dar respuestas sobre lo ocurrido, ya que otras entidades públicas también deben rendir cuentas por el incumplimiento de sus funciones.

El alcalde afirmó que quienes alojen a ciudadanos sin documentos en regla o sospechosos de delitos estarían fomentando la inseguridad en Puno. “Yo invoco a la población que no alquilen a extranjeros ilegales”, enfatizó.

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Alcalde de Puno responsabiliza a funcionarios por crimen en bar clandestino

Ismael Chara Alave (40) fue asesinado dentro del local “Cataleya” por el colombiano Johan Sebastián Cortez Vera (32). Aunque el municipio había intervenido el establecimiento el 2 de diciembre de 2024, este continuó operando sin permiso municipal. El alcalde responsabilizó a sus funcionarios por no acatar sus directrices.

“De parte de la municipalidad se va a tomar acciones. Ese local se va a cerrar definitivamente. (…) Se debió anticipar, obviamente, pero la autoridad también da directivas a sus funcionarios. Y a veces los funcionarios no cumplen las funciones que se le encomienda. Y por eso hay responsabilidades. El gobierno local ha decidido hacer cambios de funcionarios”, expresó el burgomaestre.

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El agresor fue detenido junto a otros cuatro ciudadanos venezolanos dentro de la barbería “Verocca”, que también operaba sin licencia. Este establecimiento estaba ubicado a dos cuadras de la plaza de armas.

“Reconocemos y hay que aceptar que hay algunas acciones que el gobierno provincial no ha estado ejecutando. Ahí hay responsabilidad en el funcionario, el cual no ha verificado su licencia de funcionamiento”, concluyó.