Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

Las recientes decisiones del Poder Judicial en Puno, que ordenan la anulación de concesiones mineras por supuesta falta de consulta previa antes de su otorgamiento, están generando un serio riesgo para las comunidades campesinas que ya habían alcanzado acuerdos con empresas y aprobado los proyectos en asamblea general.

Esta semana se conoció una sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Puno que ratifica su controvertido criterio sobre la consulta previa, en el caso de la Comunidad Campesina San José Principio Santa Cruz en contra del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y la empresa Cal & Cemento Sur. La primera sentencia de esta sala fue en el caso de la Comunidad Campesina de Arboleda contra el Minem, INGEMMET y Stone Wolf Mining.

También está el caso pendiente de resolver, de la Comunidad Campesina Jatucachi que, por ejemplo, firmó convenios con una empresa minera en 2017 y 2020, ratificados en 2022 y 2024, que le han representado más de S/ 25 millones en pagos, a la fecha. Además de ingresos directos, estos acuerdos incluyen compromisos de empleo y contratación de empresas locales. Con la anulación de concesiones, no solo se frenaría el desarrollo de los proyectos, sino que las comunidades corren el riesgo de perder estos ingresos, oportunidades laborales y hasta tener que devolver montos ya recibidos.

Criterio de aparta de sentencia del TC

El nuevo criterio judicial se aparta de lo señalado por el Tribunal Constitucional y por convenios internacionales, y abre un escenario de arbitrajes internacionales contra el Estado Peruano, demandas, pérdida de inversiones y, sobre todo, de pérdida de beneficios económicos concretos para comunidades campesinas que habían apostado por el desarrollo de la minería responsable en sus territorios.

En la práctica, esto significa que comunidades como Jatucachi, que tomaron decisiones soberanas en asamblea para autorizar proyectos y garantizar que sus derechos no se vean afectados, hoy podrían ver frustrados los acuerdos alcanzados democráticamente. Más allá de las empresas, son los propios campesinos quienes perderían recursos esenciales para programas sociales, infraestructura comunal y oportunidades de trabajo para los jóvenes.

Además, al frustrarse proyectos mineros que ya cuentan con la denominada licencia social, también se pierden oportunidades de empleo para ingenieros locales, técnicos, obreros y mano de obra no calificada y demás beneficios establecidos por Convenios Sociales. Se limita, asimismo, el crecimiento de pequeñas empresas y emprendimientos de transporte, hospedaje, alimentación y servicios varios que suelen desarrollarse alrededor de una operación minera, cortando un círculo virtuoso de dinamismo económico en las zonas altoandinas.