Abogados advierten que ley anti ONG frenaría justicia para víctimas de violaciones a derechos humanos

Desde la aprobación de la nueva ley que fortalece el control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), las alarmas se han encendido entre quienes defienden los derechos humanos en el Perú.

La norma, que impide a las ONG financiar litigios contra el Estado, no solo restringe la autonomía de estas organizaciones, sino que amenaza con dejar sin defensa gratuita a víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

David Velazco, director de la ONG Fedepaz, advierte que la norma tiene un impacto directo en el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables y atentan contra la libertad de los abogados para ejercer su labor de defensa.

“Restringe el derecho de las personas a tener defensas adecuadas cuando son vulnerados sus derechos por parte del Estado y restringe también nuestra libertad de trabajo, de poder decidir litigar contra el Estado y que se nos pague a través de las ONG”, explicó a La República.

Aunque la norma aún está en etapa inicial de implementación, Velazco considera que su aplicación bloqueará numerosos procesos judiciales ya iniciados. “Ya hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie, porque esta ley no nos permitiría seguir asesorando incluso en casos donde ya se ha sentenciado al Estado”, señaló.

Víctimas y familiares se quedarían sin defensa legal

Velazco mencionó algunos casos emblemáticos a cargo de Fedepaz que se verían perjudicados con la ley anti ONG. Entre los cuales destaca la masacre de Barrios Altos, donde miembros del Grupo Colina, vinculados al Ejército peruano, asesinaron a 15 personas, entre ellos un niño de 8 años, durante una reunión social en 1991.

También resaltó el caso Frontón, donde más de 130 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en un penal antiguo ubicado frente al Callao, y los casos de Rodríguez Pighi y Luis Cantoral Benavides, quienes fueron detenidos ilegalmente y torturados por agentes del Estado peruano en 1991 y 1993, respectivamente.

La preocupación también es compartida por Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh). Desde su organización, están representando a víctimas de la represión policial durante las protestas de enero de 2023. “Nosotros defendemos a la familia de Víctor Santisteban Yacsavilca y a otros heridos por la represión policial. No vamos a ceder ante las amenazas”, declara con firmeza.

Pérez advierte que deberán buscar nuevas estrategias de financiamiento, pero no abandonarán su labor. Uno de los casos en curso es el del campesino Elmer Campos, quien quedó parapléjico tras recibir disparos durante las protestas contra el proyecto Conga en Cajamarca. “El juicio oral ya está por concluir, pero muchos otros podrían verse paralizados por esta persecución administrativa”, denunció.

Abogados expresan preocupación por el retiro de la fiscal Raquel Cárdenas

Ambos abogados coinciden en que la ley anti ONG representa un retroceso para los derechos humanos y pone en riesgo la independencia del sistema de justicia. Además, expresan su preocupación por el reciente retiro de la fiscal Raquel Cárdenas del equipo que investigaba las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Si a una fiscal, como la abogada Raquel, que tiene solvencia profesional, la cambian de un momento a otro, no solo perjudica su trabajo particular, sino, sobre todo, el trabajo de esclarecimiento de los hechos en favor de las víctimas. Creemos que debemos respetar las decisiones de la Fiscalía en los cambios que se puedan producir, pero no se puede afectar el trabajo retirando a personas que ya van tomando conocimiento importante de cada caso”, afirmó Velazco.

Por su parte, Pérez pone la lupa sobre la Junta Nacional de Justicia. “No están evaluando adecuadamente las competencias en derechos humanos en los concursos de fiscales. Este es un trabajo muy especializado, implica aplicar estándares en materia de derechos humanos, implica darle un trato diferente a las víctimas, diferente al que puede haber en un caso penal común o en un caso de corrupción”, subrayó.

Por último, señalaron que, para los familiares de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos en el país, la ley anti ONG representa una barrera adicional en su camino por alcanzar justicia. Mientras la APCI avanza en la implementación de la norma, las organizaciones afectadas evalúan alternativas legales e internacionales para resistir lo que consideran una amenaza directa a los derechos fundamentales.