Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, sobre la extorsión: "No se requiere el estado de emergencia, sino invertir en tecnología, investigación criminal y transparencia"

La inseguridad ciudadana en Lima y Callao ha alcanzado niveles que comienzan a afectar la vida cotidiana y la economía de la región. A pesar de los anuncios sobre crecimiento económico y estabilidad de precios, la violencia, la extorsión y otras actividades ilícitas están generando un entorno complejo para empresas, ciudadanos y autoridades, mientras se discute la manera de enfrentar este problema.

“Pedimos que se declare en emergencia Lima y el Callao, y la respuesta fue: ‘El Estado no tiene dinero, el costo de una emergencia nacional cuesta S/43 millones’”, reveló el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, sobre la reunión que sostuvo con el ministro del Interior, Carlos Malaver, según recogió Noticias Trujillo 60.

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Ahora bien, el titular del Ministerio del Interior mencionó que ese es el costo de declarar un estado de emergencia, por las limitaciones que trae a nivel del comercio, a nivel de las transacciones económicas, y si además se restringen ciertos derechos fundamentales. Mas no quedó claro si era un monto del impacto de declarar en emergencia una ciudad, o si era el monto que él tenía que gastar para movilizar personal.

"Quizás haya sido una mezcla de ambas cosas; trato de entenderlo así", comentó Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social S.A., a La República. "Sea como fuere, para manejar estos casos de extorsión no se requiere un estado de emergencia. A mi juicio, lo que se necesita es invertir significativamente en tecnología, en investigación criminal y en transparencia, porque aquí hay que insistir", añadió el también exviceministro del Interior.

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En ese sentido, lamentó que el actual comandante general de la Policía no haya liberado la información del sistema de denuncias policiales, lo que genera secretismo y limita la transparencia en el manejo de los datos. La situación dificulta que se puedan ofrecer opciones y alternativas que sean escuchadas por quienes toman decisiones en los sectores de turismo, Ejecutivo y Legislativo.

“Hay voluntad política y acciones concretas. Estamos actuando con transparencia y firmeza para recuperar la confianza de los transportistas y de la ciudadanía”, remarcó recientemente Malaver.

En conferencia de prensa desde los Pasos Perdidos del Congreso de la República, el ministro resaltó las acciones que el Gobierno y la Policía Nacional vienen implementando para enfrentar la delincuencia y las extorsiones, entre ellas el apagado de más de 1,5 millones de chips telefónicos ilícitos, y la próxima aprobación de un decreto legislativo que permitirá bloquear también los equipos utilizados por organizaciones criminales.

Criminalidad y falta de inversión frenan la economía

La economía peruana atraviesa un momento paradójico: los indicadores muestran precios estables y un entorno propicio que, en teoría, debería permitir un crecimiento cercano al 6% o 7%, frente al 3,5% que se prevé cerrar este año.

Sin embargo, este potencial se ve limitado por problemas estructurales que no terminan de resolverse: inseguridad ciudadana, alta informalidad y un aumento constante de las economías ilícitas.

El desborde de la criminalidad, sumado a la reducción del presupuesto del Ministerio del Interior —que apenas representa alrededor del 1,4% del PBI— y la falta de medidas efectivas de investigación, inversión y decisiones políticas, está frenando la economía como si el país tuviera “zapatos de cemento”.

La delincuencia y las actividades criminales, que generan cerca de US$15.000 millones anuales —equivalentes al 6,25% del PBI—, impiden que tanto la economía formal como la informal aprovechen la bonanza actual, manteniendo al país en un ciclo de inercia que amenaza su competitividad y crecimiento.

Presupuesto para seguridad insuficiente

El pasado 30 de agosto, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para 2026, que asciende a S/257.561 millones. De ese total, S/15.821 millones (6,14%) se destinarán a la función de orden público y seguridad, que incluye acciones para mantener el orden interno, controlar drogas y gestionar riesgos y emergencias.

En otras palabras, aunque el Gobierno reconoce la urgencia de enfrentar la inseguridad, la asignación presupuestal destinada a seguridad ciudadana apenas aumenta de manera marginal respecto a los S/15.532 millones (6,2%) asignados en 2025.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inseguridad ciudadana genera un costo de S/19.800 millones, equivalente a aproximadamente el 1,7% del PBI de este año.