Arequipa: la matanza por el oro que nadie quiso ni pudo detener en Atico

Por Roberth Orihuela

El yacimiento aurífero de Calpa, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí en Arequipa, se ha convertido desde 2017 en la manzana de la discordia. Mineros artesanales de las asociaciones Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa Intigold Mining SA se disputan el manejo de los cerros, de donde se extrae oro.

La disputa de por quien tiene derecho a trabajar en estas tierras y sacar el metal precioso (que a la fecha tiene un costo de 1872 dólares la onza) ya ha dejado un saldo de al menos 16 muertos. Dos en 2020 y 14 la semana pasada. La cifra es la que maneja el Ministerio Público, empero para los mineros de ambos bandos son más. Por ello los socios de Atico Calpa piden que se haga un barrido de toda la zona. Están seguros de que se encontrará más cuerpos.

Para la Fiscalía de Crimen Organizado, la responsable de todo este conflicto sería la minera Intigold, pues esta permitió, a través de acuerdos privados, que asociaciones como Calpa Renace (2017) y Atico Calpa (2021) trabajen en la zona y extraigan mineral.

Historia de delitos

El conflicto entre Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa Intigold inició, según la investigación de la Fiscalía, en 2020. En el expediente fiscal, al cual se tuvo acceso, se indica que la tarde del 15 de octubre del 2020 la fiscal provincial Yolanda Martínez Ríos fue convocada por la asociación de mineros artesanales Calpa Renace porque la empresa minera Intigold Mining SA intentaba desalojarlos, sin orden judicial y con el apoyo de efectivos policiales, de la operación minera Santiago de Compostela, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí en la región Arequipa.

La representante del Ministerio Público informó a la compañía y a los miembros de la Policía que no podía avalar dicho operativo porque no se daban las condiciones. Y es que en el campamento también había mujeres, niños y gestantes.

Tras negar la fiscal el apoyo jurídico al operativo extrajudicial, a los directivos de la empresa Intigold no se les ocurrió mejor idea que no dejarla irse. En términos más simples: secuestraron a Martínez Ríos. La orden, según contó la propia fiscal, la dio la abogada de la mina, Karen América Alarcón Chipana. Y quienes la hicieron cumplir fueron los vigilantes del equipo de seguridad de Intigold. Los policías no dijeron nada.

Esta fue una de las primeras señales de alerta sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la zona de Calpa, Intigold Mining —que tiene 16 concesiones mineras al menos desde 2009— atacando a mineros artesanales con el apoyo de la Policía. El caso de la fiscal hoy se investiga como secuestro contra los funcionarios de la mina.

La razón por la que Intigold intentaba desalojar a los mineros artesanales de Calpa Renace tiene dos puntos de vista. Legalmente, en ese momento Intigold tenía la concesión de la mina y buscaba “hacer prevalecer” sus derechos.

En contraparte, y según los propios mineros de Calpa Renace, la empresa les había dado una concesión a fines del 2016 a cambio de que le paguen un porcentaje (20%) de lo que extraían a Intigold. Pero la dueña de la empresa, Rossana Calmet Guazzoti, cambió los términos del contrato de forma unilateral y empezó a exigirles el 40%, un monto impagable para los mineros.

En 2021 los mineros artesanales asociados en Atico Calpa también ingresaron a buscar fortuna en la concesión de Intigold. Ellos fueron ubicados entre el campamento de la minera y el de los asociados de Calpa Renace. Aquí debe precisarse que algunos de los integrantes de Atico Calpa antes fueron parte de Calpa Renace.

De acuerdo a los mineros, el monto de las “regalías” se pactó de manera verbal. Es decir, que no existen documentos que demuestren que ellos estaban obligados, legalmente, a pagar cierta cantidad a Intigold. Lo que sí tienen algunos son contratos que los autoriza a trabajar en la operación Santiago de Compostela. Así lo publicaron los mineros de la asociación Atico Calpa en su página de Facebook. Esto luego de que el jueves pasado el asesor legal de la empresa, Frank Melo Herrera, aseguró que no habían entregado ningún derecho a nadie y, sí era así, “que lo demuestren con pruebas”.

No se hizo nada

Según denunciaron las esposas de los mineros de Calpa Renace, la empresa siempre los hostigaba, amenazándolos con insultos, golpizas o haciendo disparos al aire. Las quejas y denuncias no eran recibidas o se registraban a regañadientes por los efectivos de las comisarías de Atico y Caravelí. Pero sí llegaron a la Defensoría del Pueblo, que tiene el registro del conflicto desde noviembre del 2020. Es más, la Gerencia Regional de Energía y Minas inició un proceso de diálogo desde los primeros meses del 2020.

Pero no pudieron avanzar mucho, debido a que los informales están en terrenos de mediana minería. Luego el caso lo tomó la prefectura, que estuvo en diálogo con Calpa Renace y Atico Calpa. Ambos acordaron cesar los ataques. La última reunión se realizó dos días antes del enfrentamiento del 2 de junio pasado, que causó 14 muertes.

Los primeros muertos

Tras el operativo frustrado de desalojo de octubre del 2020, la compañía no pasó la línea de las amenazas; hasta el 2 de diciembre del 2020. La madrugada de ese día, Edwin Jhoni Ramos Guerreros estaba descansando junto a su esposa y su hijo de un año y medio en una de las chozas de estera (carrizo entretejido) del campamento de Calpa Renace. De pronto escucharon disparos, detonaciones de dinamita y camionetas moviéndose. Era personal de “seguridad” de la empresa Intigold Mining, quienes empezaron a disparar. Edwin Ramos salió a ver lo que pasaba, pero Diana Narrea Ortega, su esposa, no volvió a verlo más.

Silvia Choquehuanca Ugarte, una de las mujeres que se encontraban en el campamento, cuenta que vio a Edwin Ramos e intentó meterlo a su choza para salvarlo. En la puerta recibió un balazo en el abdomen que provocó que cayera al suelo. Luego, un hombre apodado “Mono” —que sería miembro de seguridad de Intigold Mining— entró a la choza, Edwin suplicó por su vida. “No voy a decir nada, tengo un hijo”, le dijo. Pero “Mono” le dio un golpe con la cacha de la pistola y luego lo ejecutó con dos disparos en la cabeza. “Edwin no volvió a levantarse, desangrándose y chorreando sangre en mis pies”, cuenta Silvia. Otro joven, no identificado, también fue ejecutado detrás de una de las chozas.

Inmediatamente, el hecho fue denunciado en la comisaría de Caravelí por las mujeres. Incluso 9 heridos de bala llegaron al centro de salud de esta zona. La fiscal de turno acudió y subió luego al campamento de Intigold, donde encontró a policías de Camaná y Arequipa, que supuestamente resguardaban el orden, pero aseguraban desconocer el ataque que se perpetró en la madrugada. La fiscal dejó constancia de la imprudencia y la omisión de funciones en la que habrían caído los oficiales.

Este fue el punto de partida para el inicio de investigaciones formales. El Ministerio Público abrió un caso por el delito de organización criminal en contra de la dueña de Intigold y sus trabajadores. El avance de las pesquisas pudo identificar una red (ver infografía) de colaboradores con funciones claras. Por ejemplo, se tiene un brazo legal; una persona que brinda logística, como camionetas; otros que reclutan sicarios y asesinos; y hasta una persona que buscaría en redes sociales a personas del bajo mundo para contratarlos. Ellos son el ejército de Intigold Mining, con el que perpetraron el ataque del 2 de diciembre del 2020. Otro más se consumó el 7 de abril pasado con saldo de heridos.

Y el último y más nefasto, ocurrido el 2 de junio, con saldo de 14 muertos. Producto de esto, la Fiscalía y la Policía detuvieron a 31 personas. Algunos de ellos ya contaron a la Fiscalía que eran reclutados por personal de la empresa minera para realizar labores de “vigilancia”. Pero en realidad su labor era atacar con armas a los mineros artesanales. De acuerdo a la Fiscalía, se encontraron armas de guerra y sus casquillos, ropa táctica, dinamita y otros insumos de guerra entre las pertenencias de los detenidos y en la zona del ataque. Todo habría sido pagado por Intigold Mining para desalojar a los mineros informales.

Ayuda policial

La organización criminal además hace uso de un brazo policial. De acuerdo a la investigación fiscal, dos oficiales de la Policía estarían involucrados por haber facilitado apoyo a Intigold mientras estos atacaban a los mineros artesanales y también por no reportar y negarse a registrar denuncias por ataques y amenazas de la empresa a los mineros artesanales. Se trata del capitán PNP Juan Carlos Velásquez Soto y del teniente PNP Sergio Pari Cayllahua. Además, la Fiscalía también investiga si está involucrado el exjefe de la IX Macro Región Policial Arequipa Víctor Zanabria Angulo.

Piden que se imponga la ley en Atico

El alcalde distrital de Atico, Milton Medina, se mostró conforme con el estado de emergencia decretado para su distrito y la jurisdicción de Caravelí. La medida de excepción tendrá la duración de 60 días. Medina estimó el tiempo como necesario por la dimensión del problema, incluso opinó que podría alargarse si es que se requiere más tiempo para pacificar la zona.

El alcalde opinó que ya pasó la etapa del diálogo, pues ya se cometieron crímenes. “Eso también se lo dije al ministro del Interior”.

Según Medina, ahora el Estado debe ubicar a los responsables de las matanzas entre mineros informales y vigilar el proceso de formalización en la zona.

Como se recuerda, ayer estaba planteada una mesa de diálogo en Arequipa, la cual se suspendió. Sin embargo, Medina recordó que ya hubo estas plataformas de trabajo, pero sin resultados.

De otro lado, el alcalde refirió que la minería artesanal se ha vuelto un campo de trabajo importante en la zona. Estima que el 30% de residentes de Atico se dedica a la actividad.

Medina informó que estos dos últimos días han sido de calma en el distrito. Refirió que el contingente de efectivos policiales de la Dinoes y USE todavía no partieron hacia Calpa (zona del conflicto).

Cronología del conflicto minero en Caravelí, Arequipa

• 13-12-2016: Representantes de Intigold llegaron a un acuerdo con Calpa Renace para permitirles operar. A cambio entregarían 20% de su producción como regalías.
• 2017: Intigold sube las regalías a 40%. Esto fue rechazado por los representantes de Calpa Renace. Se inicia el conflicto. Intigold denuncia por usurpación a los mineros.
• 15-10-2020: La fiscal Yolanda Martínez es retenida en el campamento minero luego de ir a pedido de mineros de Santiago de Compostela a un desalojo extrajudicial que realizaba la policía e Intigold.
• 2-12-2020: Primer ataque de contra Calpa Renace. Denuncian que los autores serían personal de Intigold. Eran 30 personas con ropa táctica. Con saldo de 2 muertos y 9 heridos.
• 4-12-2020: Personal policial que se encontraba en la garita de ingreso a la mina Intigold Mining encontró una bolsa con un arma de fuego y casquillos de balas.
• 7-4-2022: El abogado de Calpa Renace denuncia un atentado contra el campamento de los mineros. Entre 70 y 80 personas con ropa táctica ingresaron y dispararon. Hubo 4 heridos.
• 2-6-2022: Enfrentamiento entre mineros artesanales de Atico Calpa, Calpa Renace y personal de Intigold. Dejó como saldo 14 muertos, 12 desaparecidos y 31 detenidos.

Investigados por la fiscalía

La Fiscalía de Crimen Organizado ha iniciado un proceso para determinar si detrás de todos estos enfrentamientos existe un grupo organizado para delinquir.

Si hay acuerdos

Intigold ha negado haber firmado acuerdos con mineros, pero documentos lo contradicen.