Sunedu exige a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega suspender a su rector Luis Cervantes Liñán

Por Milagros Berríos

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha pedido a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) que suspenda temporalmente de sus funciones al rector Luis Cervantes Liñán. De lo contrario, el ente fiscalizador ya no reconocerá su firma en los registros, bases de datos y toda actuación que ejecute.

Esta medida provisional para la autoridad –que lleva 15 años en el cargo y que ha sido denunciada por ganar más de dos millones mensuales– se aplica como parte de un proceso administrativo sancionador que ya está en marcha por las presuntas infracciones a la Ley Universitaria (N° 30220), referidas al uso de sus activos o excedentes en fines distintos a los educativos, según informaron fuentes de la Sunedu a La República.

Las instituciones asociativas (sin fines de lucro) como la UIGV, que gozan de exoneración o inafectación del impuesto a la renta, tienen la obligación de usar sus excedentes en la mejora de la calidad educativa. El no hacerlo representa una infracción calificada como “muy grave” en el numeral 3.2 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Ley Universitaria, la cual también precisa que los excedentes “no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni indirectamente” (artículo 116).

Las imputaciones

Ahora bien, según el Informe N° 038-2019/Sunedu/02-14, al que tuvo acceso este diario, la UIGV habría utilizado parte de sus activos para fines distintos a los universitarios, pues incrementó salarios y otorgó bonificaciones a autoridades y funcionarios con montos elevados sin ningún sustento; auspició actividades bajo los conceptos de marinera, caballo peruano y súper liga fútbol 7 y pagó viajes a favor del rector Cervantes y su círculo familiar.

Otros de los hechos imputados están referidos al uso de vehículos de propiedad de la UIGV para fines ajenos a los universitarios; el pago de combustible y reparación de autos que no eran de su propiedad o el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes y reserva de hoteles.

Esta investigación de la Sunedu también ha detectado que la universidad no habría reinvertido el monto total declarado en infraestructura en el 2016 y 2017.

Así, según fuentes de la Superintendencia, la UIGV informó que en el 2017 había ejecutado 10 obras por más de 10 millones de soles, entre las que están la reestructuración de pabellones, laboratorios o servicios higiénicos. Sin embargo, señalan que durante la inspección física o cuando se les solicitó expedientes técnicos o licencias, los encargados no pudieron acreditar la existencia de estas.

Riesgo en la universidad

Con todo ello, la Sunedu afirma que el rector habría excedido las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria. “Se observan indicios que dan cuenta que desde el inicio de su gestión en el 2004 y de manera sostenida, el señor Cervantes no habría ejercido sus atribuciones como rector de manera diligente (...), por el contrario habría permitido el uso indebido de activos y excedentes generados por la UIGV de manera sistemática”.

Por eso, plantea su suspensión temporal, entre otras medidas provisionales, hasta que concluya la investigación.

“El tiempo que transcurra (...) hasta la emisión de un pronunciamiento final del Consejo Directivo (de la Sunedu) podría ocasionar que el rector continúe autorizando, sin ninguna clase de control, el uso presuntamente ilegal de los recursos de la universidad, generando un impacto negativo en la calidad del servicio (...)”, se lee en el Informe N° 038-2019/Sunedu/02-14.

Según fuentes, esto ya ha sido notificado a la universidad, la cual tendría hasta el lunes 7 para ejecutar la suspensión. Desde el miércoles 9 se desconocerá la firma de Cervantes Liñán de manera automática.

Bonos cuestionados

Tras la inspección realizada en agosto pasado, la Sunedu detectó que desde el 2004, el rector aumentó su salario y el de otras autoridades y otorgó beneficios sin acreditar una finalidad educativa, pese a las pérdidas económicas registradas.

Entre los más beneficiados, refiere el informe, figuran el rector Cervantes y María Cervantes Ganoza (exjefa de la Defensoría del Estudiante e hija del rector); Luis Cervantes Ganoza (decano de la Facultad de Estomatología e hijo del rector) y Luis Miguel Sandoval Cabrejos (jefe de Economía y yerno del rector).

Otras fuentes de la Sunedu señalan que la investigación ha incorporado boletas de personajes como María Cervantes Ganoza (hija del rector), quien habría percibido un sueldo de 52 mil soles (3 mil de asignación familiar y 16 mil de bono de responsabilidad) solo en el mes de noviembre del 2017.

Además, se detectó que el pago de las planillas en la UIGV representaba el 58% del total de sus gastos del 2014 al 2017.

Ha llamado la atención los elevados montos en lo referido a sueldos y salarios, beneficios sociales y otras remuneraciones. Sobre esto último, el informe de la Sunedu señala la existencia de bonos como los denominados “remuneración al cargo” o “bonificación por responsabilidad”, los cuales corresponderían a las actividades propias de cada trabajador. Lo mismo ocurriría con el “pago grado doctor”, ya que tanto el rector como el vicerrector están obligados a contar con este grado para desempeñar su cargo.

“En el 2015 y 2018 el monto (de activos usados para incrementos salariales) excedió los 100 millones de soles, pese a que desde el 2014 los ingresos de la UIGV disminuyeron (...) llegando a (...) un déficit”, dice el mismo informe de Sunedu.

Vehículos sin declarar

Durante la supervisión, la universidad declaró que en el 2017 había sido titular de 19 vehículos (entre autos y motos) para trasladar a funcionarios de la UIGV. Sin embargo, pese a que se le pidiera información, no logró acreditar que hayan sido utilizados con fines educativos.

La Sunedu, además, identificó 6 vehículos no declarados, de los cuales 4 aún formarían parte del patrimonio y 2 habrían tenido la misma condición hasta el 2017. En este grupo hay unidades “cedidas” en sorteos y una declarada como robada.

Ahora bien, de los 19 vehículos declarados, 4 son de alta gama y han sido designados al rector, vicerrectores y otro funcionario. El valor de cada uno oscila entre los 141 mil y 518 mil soles, dice Sunedu.

A esto se suma que la universidad habría pagado combustible y reparación de vehículos que no serían de su propiedad. En sus registros, además, figuran la compra de pasajes aéreos y entradas para un show del Circo del Sol en Las Vegas. Y en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativas, a nombre de otros funcionarios, aparecen compras en tiendas por departamento y hoteles, sin acreditar una conexión con fines educativos.

Por lo mismo, también se investiga el auspicio a eventos durante el 2016 y 2017 como marinera, caballo peruano y super liga de fútbol, por más de 3 millones de soles. Y mientras esto ocurre, la universidad aún busca su licenciamiento. Al cierre, este diario se comunicó con la oficina de Comunicaciones de la UIGV, pero no hubo respuesta.

Al cierre

● La Sunedu denegó la licencia a la Universidad Peruana del Oriente (UPO), con más de 700 alumnos en Loreto, la cual deberá cesar en dos años. Ya van 18 denegadas.

Cervantes Liñán: Pérdidas no tienen que ver con sueldos

● En junio del 2019, este diario entrevistó a Luis Cervantes Liñán, quien aseguraba que la universidad no presentaba problemas financieros y que las pérdidas registradas se dieron a raíz de la implementación de la Ley Universitaria, debido a que, por ejemplo, ya no brindaban cursos a distancia ni a provincias.

● Señaló, además, que estas pérdidas no tenían vínculos con los sueldos de los funcionarios. “Nuestros sueldos son el promedio de todas las universidades (...) No puedo decir cuánto gano porque es una cosa muy reservada”, refirió.

● En relación con la participación de sus hijos en la universidad argumentó que ellos son “profesionales” y cuentan con grados académicos. Y sobre el uso de las cuentas de la institución dijo que “así se lo otorgó la asamblea universitaria”.

● Además de la suspensión a Cervantes Liñán recomendada por la Sunedu hay otras medidas. Una es que durante los 10 días hábiles de cada mes, comenzando desde noviembre, la universidad debe enviar un reporte de los gastos efectuados el mes anterior.

● Este proceso administrativo forma parte de un plan de supervisión de la Sunedu a más de 30 universidades.