Piden que Gobierno asuma su responsabilidad política
Violencia. Generales y almirantes se pronuncian sobre declaración del premier Otárola a la Fiscalía donde pretendería negar que Boluarte autorizó uso de armas a la Policía y Fuerzas Armadas.
A raíz de las manifestaciones que brindó el premier Alberto Otárola al Ministerio Público en enero y febrero del presente año, donde negaría que la presidenta Dina Boluarte autorizó el uso de armas de fuego a las Fuerzas Armadas para el control de disturbios en las zonas de emergencia, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes de Perú (ADOGEN PERÚ) se remitió a varios decretos supremos para desmentirlo.
Menciona el DS 143-2022-PCM que ordena la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional, ampliado con el DS 022-2023-PCM, y ambos disponen que la PNP mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, se ampara el uso de la fuerza por la PNP y las FF. AA. conforme lo dispuesto en el DL 1186 y el DL 1095 respectivamente.
Por lo tanto, considera que la declaratoria del estado de emergencia por la presidenta Boluarte respalda el uso reglamentario de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas. Añade que “los actores políticos” no pueden excusarse en contraórdenes verbales para el uso de armas reglamentariamente, por ser de menor jerarquía que una ley o decreto legislativo.
Indica que si no quieren que las FF. AA. usen sus armas en el marco de la ley, entonces deberán dejar de usarlas para el control del orden interno. O incluirlo expresamente en sus dispositivos legales, o modificar la ley “y de esa manera asumir el costo político de sus decisiones”.
Insiste en que Boluarte trasgrede las normas legales al ordenar el no uso de las armas, propiciando el incremento del caos y la violencia. “Con mayor razón cuando el presidente del Consejo de Ministros pretende trasladar toda la responsabilidad a las FF. AA. y a la PNP sin asumir su responsabilidad política”. Y agrega que los ministros de Defensa y del Interior desconocen la ley cuando dicen que las marchas pacíficas están autorizadas. Sostiene que en estado de emergencia están prohibidas todas las marchas y reuniones “así sean pacíficas y menos violentas”.
El factor Otárola
Por su parte, el general EP (r) y congresista Roberto Chiabra estimó que la presidenta Dina Boluarte debe evaluar si el premier Alberto Otárola le suma o le resta. “Los que subvierten el orden interno no quieren dialogar con él y las FF. AA. le han perdido la confianza. Es momento de tomar decisiones”, escribió en su Twitter.
