Congreso: alertan sobre deficiencias en ronda de entrevistas para el Tribunal Constitucional

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, siglas en inglés), con sede en Washington, identificó una serie de deficiencias en la etapa final de entrevistas con los candidatos del concurso público realizado por el Congreso para la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Una de las principales observaciones que realiza esta organización es la falta de una guía o reglas específicas para el desarrollo de las entrevistas, esto a pesar de que había una propuesta remitida por el equipo técnico. Los legisladores optaron por no aprobarlo.

“Pese a la importancia de esta evaluación y a su peso relativo determinante, la etapa de entrevistas no tuvo reglas específicas que establezcan parámetros para su desarrollo equitativo ni tampoco los criterios objetivos que se utilizarían para calificarlas”, apunta DPLF.

En opinión de la organización especializada en el seguimiento a procesos de elección de altos magistrados, esta deficiencia tuvo serias consecuencias como la “debilidad para evaluar los méritos de las candidaturas, imposibilidad de la sociedad civil de realizar un escrutinio de la actuación de la comisión especial y un tratamiento inequitativo y lesivo del principio de igualdad”.

DPLF subraya que la falta de un protocolo de entrevistas también “derivó en la ausencia de planificación de las entrevistas e impactó en la calidad y la utilidad de las preguntas formuladas” a los postulantes.

A ello se suma el hecho de que las entrevistas tuvieron múltiples interrupciones, situación que se hizo más notoria con la intervención del presidente de la comisión especial, José Balcázar (Perú Libre).

DPLF apunta que este legislador interrumpió la participación “especialmente de las candidatas mujeres”.

Sobre el enfoque de género, DPLF observa que la entrevista más corta fue a una candidata y solo a mujeres se les hizo preguntas cuestionando su conocimiento sobre idiomas.

Solo seis finalistas

Ayer también se pronunció el panel de juristas internacionales que acompaña este proceso desde la sociedad civil. En un comunicado, expresan su preocupación debido a que hay solo seis candidatos finalistas para las seis vacantes disponibles.

“Las alternativas de candidatos aptos no deben ser reducidas de manera injustificada, sino que deben surgir de un conjunto considerable de candidaturas”, expresan.

Los seis candidatos finales son Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cárdich.

Vigilancia ciudadana

Por otro lado, el presidente de la comisión del Congreso, José Balcázar (Perú Libre), intentó restar importancia al pronunciamiento público difundido por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, que advierten anomalías en este proceso.

Balcázar ayer deslizó que no tendrían “ninguna representatividad”, en alusión a organizaciones como la CNDDHH, CAAAP, CEAS, Femucarinap, el Instituto Bartolomé de las Casas, SER, IDL, entre otras.

“Algunos finalistas cuentan con vínculos partidarios o laborales con miembros de las bancadas que buscan elegirlos. Ello es ilegal, es un grave conflicto de intereses, aleja al proceso de los estándares supranacionales y es un golpe letal a la confianza ciudadana”, advierten dichas organizaciones.

Archivan recursos sin deliberación

La comisión del concurso público para el TC aprobó ayer 14 resoluciones declarando improcedentes las reconsideraciones en relación con los resultados de la ronda de entrevistas.

Lo hizo sin deliberación y con un quorum de débil legitimidad. De los nueve miembros de la comisión, solo asistieron cinco. Una resolución fue aprobada con tres votos.

La comisión también evitó revisar un recurso sobre el candidato Gustavo Gutiérrez, quien defendió a López Aliaga y podría ser apoyado por Renovación Popular.

La votación para elegir a los magistrados sería el próximo 28 de abril.