Congreso: cien días y solo hay contrarreformas electorales y políticas

Los congresistas cumplen los primeros cien días de gestión y el resultado del trabajo realizado hasta el momento, a la luz de los hechos, pinta de desalentador. En materia legislativa, lo único aprobado hasta el momento son las contrarreformas políticas y electorales. Y en fiscalización, hay comisiones con serio retraso para su instalación, siendo el caso más notorio la llamada Comisión Vizcatán que hasta hoy no funciona.

Según el portal del Congreso, hay apenas nueve normas publicadas en El Peruano, como producto del debate y la aprobación en el Pleno.

Tres de estas normas son de simple trámite, pues provienen del Ejecutivo: dos tienen que ver con autorizaciones para el ingreso de personal militar extranjero al territorio peruano y la tercera es sobre una autorización de viaje al exterior del presidente Pedro Castillo.

Otras tres normas publicadas tienen también la connotación de simple trámite: la resolución que ratifica a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR); la resolución que aprueba la agenda legislativa de este Congreso, y el reglamento del concurso público para el Tribunal Constitucional (TC), cuyo texto fue copiado del Parlamento anterior.

Es decir, hasta aquí no se evidencia ningún esfuerzo mayor en el trabajo parlamentario.

De las tres normas que quedan, una salió de manera circunstancial, por la coyuntura, tras la muerte del terrorista Abimael Guzmán: ley que regula la disposición final de los restos de condenados por terrorismo.

Las contrarreformas

Por lo demás, las únicas dos normas que sacó este Congreso sobre temas de fondo en materia política y electoral son más bien las contrarreformas.

Primero fue la contrarreforma política de la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza, que ha generado un quiebre en el balance de los poderes Ejecutivo y Legislativo, según especialistas en derecho constitucional.

El proyecto fue presentado el 18 de agosto por Adriana Tudela (Avanza País). La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), se encargó de darle celeridad y el 8 de setiembre ya se contaba con un dictamen.

El texto fue aprobado por el Pleno el 16 de setiembre. El presidente Pedro Castillo lo observó el 6 de octubre y Juárez aceleró un dictamen exprés para la insistencia y el texto ya está vigente desde el 22 de octubre. Palacio optó por llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC).

La oposición mayoritaria del Parlamento ni siquiera tomó en cuenta el proyecto de reforma constitucional que había enviado el Ejecutivo.

Lo segundo fue la aprobación de dos contrarreformas electorales para los comicios regionales y municipales del 2022. Es decir, la suspensión de las elecciones primarias abiertas y universales de los candidatos. Ahora se impondrá la designación a dedo, desde las cúpulas de los partidos.

Lo segundo fue la suspensión del pago de multas, tema que beneficia directamente a dos partidos con deudas pendientes: Alianza para el Progreso, de César Acuña, y Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga.

Ambos grupos políticos podrán realizar trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sin pagar las multas.

Eso es todo lo que hicieron hasta el momento los congresistas, en términos cualitativos, en materia legislativa.

Los proyectos de ley

Ahora veamos el aspecto cuantitativo. Las cifras. Hasta las tres de la tarde de ayer, 4 de noviembre, este Congreso ya reportaba 640 proyectos en su portal web.

Si tomamos como referencia al Parlamento anterior (antes del cierre que hizo Vizcarra), para el 4 de noviembre del 2016, la cifra era de 549 proyectos.

Podría tratarse de un incremento auspicioso, pero las apariencias pueden engañar.

De 640 proyectos mencionados, empezamos a descontar 83 que son de autoría del Poder Ejecutivo y otras entidades como la Contraloría, la Defensoría, el Poder Judicial o el JNE.

De los 557 que quedan, hay una buena cifra de 114 proyectos que son solo actualización de iniciativas presentadas en los anteriores parlamentos. Una forma de reciclaje de proyectos.

Quedan 443. De esta cifra, hay 100 proyectos que tienen solo carácter declarativo, ya sea para la ejecución de obras o el intento de creación de distritos, pero que en términos reales no tienen mayor relevancia.

Entonces quedan 343 iniciativas en materias dispersas, incluyendo intentos de afectación a las reformas magisterial y universitaria.

Comisiones estancadas

Otro aspecto que puede ayudar a medir el trabajo parlamentario son las comisiones especiales e investigadoras. Es decir, los grupos adicionales de trabajo creados además de las ya existentes comisiones ordinarias.

Son en total veinte comisiones nuevas. Seis fueron creadas con fines de investigación y 14 son comisiones especiales para el seguimiento de temas y políticas específicas. Pues bien, de las seis comisiones investigadoras creadas, tres aún no funcionan por desidia de las bancadas.

El grupo con más retraso tiene que ver con la matanza ocurrida en Vizcatán, en plena segunda vuelta. El 12 de agosto, el Congreso acordó crear una comisión para investigar estos hechos y ya van 84 días sin ningún avance. Las bancadas ni siquiera terminan de acreditar a sus representantes. Algo similar ocurre con la comisión creada para investigar el caso de los niños con plomo en la sangre. Van 36 días y no se instala.

Con las (pocas) normas aprobadas y a la luz del desempeño de las comisiones, ya podemos ver cuáles son (y serán) las prioridades y omisiones de este Parlamento.

Y congresistas ya desfilan por la Comisión de Ética

Mientras el trabajo legislativo avanza con bajo resultado, desde el mismo Congreso ya surgieron casos de legisladores con expedientes abiertos por presuntas faltas éticas.

La Comisión de Ética ya declaró procedentes las denuncias contra cuatro congresistas. Una de estas denuncias en curso es contra Guido Bellido (Perú Libre) por la agresión verbal denunciada por Patricia Chirinos (Avanza País).

Otra de las denuncias es contra Jorge Flores (Acción Popular), quien intentó sobornar al periodista de La República Liubomir Fernández, al extenderle un billete de cien soles.

También serán investigados los congresistas Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado), por una frase machista, y Guillermo Bermejo (Perú Libre) por marcar asistencia en el Pleno y dedicarse al mismo tiempo a juntar firmas para la asamblea constituyente.

En la Comisión de Ética también adelantaron que recibieron denuncias contra Edward Málaga (SP-PM), Bermejo (PL), Carlos Alva (AP), Jorge Montoya (RP) y Aguinaga (FP).

De hecho, la misma comisión evitó abrir de oficio una investigación a Rosselli Amuruz (Avanza País) por la fiesta de cumpleaños en plena pandemia.

¿Para quién se legisla?

Iván Lanegra, Transparencia

La amplísima agenda legislativa de 71 temas aprobada por el Congreso cruza varias reformas críticas en áreas como el sistema electoral, el sistema de justicia, los servicios públicos y el ordenamiento territorial. Pero es en el detalle de los futuros proyectos de ley en donde están los mayores riesgos.

Según el Latinobarómetro 2020, solo el 11% de peruanos piensa que se gobierna para el bien común. En cambio, el 86% considera que el poder se ejerce en beneficio de los grupos con poder. Una expresión de ello es la dación de leyes que atienden demandas de grupos de interés formales, informales e ilegales. Por ello, el contenido de la agenda legislativa es mejor explicado por los intereses particulares que defienden los legisladores, y sus propias preocupaciones, antes que por la ideología.

Así, congresistas de distintas bancadas pueden unirse a partir de intereses compartidos y aprobar normas que perforan las incipientes y parciales reformas y cambiar su sentido: la reforma política puede significar el fin de las primarias, la del transporte público volverse la legalización del caos, y la ambiental virar hacia la autorización de la minería ilegal. Solo la vigilancia ciudadana puede reducir este riesgo.