Justicia y esperanza para las niñas Awajún y Wampis, por Las Tejedoras

Marilú Wiegold Umlauff. Comunicadora. Miembro del Voluntariado ‘Desafío Condorcanqui’. 

El nuevo caso de violencia sexual contra una niña de siete años en una comunidad indígena en Amazonas nos recuerda que erradicar la violencia sexual contra las niñas y adolescentes awajún y wampis es un deber de humanidad y justicia histórica. Y nos deja claro que el dolor que enfrentan no nace de tradiciones ancestrales, sino del abuso de poder, de contextos de pobreza y del abandono de un Estado que no ha sabido protegerlas.

La etnia, el género, la edad y el desamparo estatal se entrelazan ampliando su vulnerabilidad. UNICEF e INEI (2026) advierten que el 46% de la niñez indígena amazónica sufre agresión física o psicológica. En Condorcanqui, datos de la Minsa y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún revelan que el 34% de las y los adolescentes ha sido víctima de violencia. Asimismo, un reciente informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) alerta que la violencia sexual está normalizada y que las barreras geográficas y de justicia generan impunidad y urgen a una respuesta multisectorial e intercultural que valore e incorpore el rol protector de las propias comunidades indígenas.

Pero en medio del dolor, hay expectativa por quién las defienda frente a la impunidad, la lejanía y la ausencia estatal. Destaca el valor de las organizaciones indígenas, que rompen el silencio y norman la convivencia interna para frenar esta lacra. Clave, también, la propuesta del MIMP de apoyar y capacitar a las defensoras comunitarias, verdaderos puentes de contención y afecto entre las víctimas, sus familias y los servicios del Estado.

A esto se suma el grupo de trabajo del Congreso, que este martes llega a Condorcanqui para vigilar la acción del Ejecutivo y la Justicia, con miras a la creación de una Comisión Especial. Estamos ante una oportunidad de diálogo auténtico entre las autoridades del Estado y las comunidades. Hay esperanza para defender la vida y dignidad de nuestras niñas y adolescentes amazónicas. Ese es su derecho y es el gran desafío.