
*Hoy teje Patricia Arévalo Majluf, editora y comunicadora
El lunes, los habitantes de Lima Metropolitana, al igual que los de muchos distritos en todo el país, amanecimos sin saber quién sería nuestro alcalde por dos razones: silencio electoral y silencio electoral.
El primero ha sido el del Jurado Nacional de Elecciones, que no se ha manifestado con respecto a qué sucede en el caso de López Aliaga y otros postulantes que no pueden ocupar la alcaldía porque sería una reelección expresamente prohibida en nuestra Constitución. Pero hay otro silencio electoral que crea desinformación: la prohibición de difundir encuestas en la última semana.
En Lima, muy pocos sabían que el candidato que iba segundo estaba a muy corta distancia del que figuraba como ganador indiscutible en todas las encuestas anteriores. Es muy posible que, de haberse conocido la realidad, muchos electores hubieran cambiado su voto a favor del segundo, pero no lo hicieron porque creyeron que era imposible ganarle al favorito.
Esta situación no solo privilegia a quienes tienen acceso a la información, sino que produce confusión, desinformación y especulación. Las redes sociales difunden noticias falsas y nadie sabe a quién creerle.
¿Qué las encuestas dirigen el voto de la gente? Sí, lo dirigen hacia un voto estratégico. No solo deberíamos tener el derecho a votar a favor de quien uno quiera, sino también a hacerlo contra quien queramos. Así, un candidato con un rechazo de 70% puede ganar una elección por falta de información a los votantes.
Hemos visto la misma situación repetidas veces. Hace poco, en las elecciones nacionales, la diferencia entre el segundo y el tercero para ir a la segunda vuelta fue muy corta. Si ello se hubiera sabido, probablemente hoy tendríamos otro gobierno.
Es urgente, además de una reforma integral, derogar la absurda ley del silencio electoral, que en estos tiempos no solo es anacrónica, sino que daña la democracia.

Es imperativo derogar la ley del silencio electoral, ya que su vigencia perjudica la democracia y las decisiones de los votantes en un contexto de información limitada.

Keiko Fujimori, en su discurso ante la ONU, defendió a quienes cometieron crímenes bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, descalificando la labor de justicia.

Preocupa el debilitamiento de políticas que abordan estas problemáticas.

Los discursos sobre la infancia a menudo ignoran la realidad de niñas y adolescentes, quienes enfrentan violencia y desigualdades severas.

El problema es de género y de derechos reproductivos, pero también debemos preguntarnos quiénes pueden proteger mejor su privacidad, acceder a asesoría o enfrentar a quienes tienen poder. La posición social también cuenta.