Archivo forzado, por Marisa Glave

Las congresistas Indira Huilca y Mirtha Vásquez han presentado una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por su sostenido amedrentamiento a jueces y fiscales, a quienes les exige el cumplimiento de las leyes de impunidad aprobadas en el periodo legislativo pasado.

El marco normativo pro-impunidad que viene siendo inaplicado por muchos jueces en el país, incluye dispositivos para que responsables de violaciones a los derechos humanos escapen de la acción de la justicia por hechos ocurridos tanto durante el período del Conflicto Armado Interno (1980-2000), como por hechos recientes.

Los crímenes recientes que cometan policías y militares deberán, según estas normas, ser juzgados en el fuero militar-policial. Ya saben, acá aplica el clásico “otorongo no come otorongo”. La expectativa es que se limpien crímenes, se absuelva o se den sanciones leves a los perpetradores directos y, sobre todo, se deje sin manchas a quienes dan las órdenes.

Pero en los casos de violaciones de derechos humanos perpetrados entre los años 80 y 2000, el dispositivo es otro. Acá estamos ante casos que llevan décadas en el sistema de justicia, que son complejos y que en su mayoría están ya en fase judicial o de acusación fiscal. Lo que se aprobó es una aberración normativa que infringe tratados internacionales y que pretende hacer una suerte de interpretación auténtica de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

La norma, que Rospigliosi exige que jueces y fiscales apliquen, sostiene que un delito de lesa humanidad es imprescriptible, pero recién si se cometió desde el año 2001 en adelante. Las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas en años previos sí deben prescribir. Esto suena –grita– a ley con nombre propio. Su objetivo es básicamente declarar prescritos en general TODOS LOS PROCESOS contra quienes resulten responsables de torturas, asesinatos y desapariciones, violaciones sexuales sistemáticas y también esterilizaciones forzadas.

Sí hubo esterilizaciones forzadas según fiscalía

La Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos ha sacado una resolución dolorosa. Ha señalado explícitamente que “en efecto, existen elementos de convicción que constituyen indicios reveladores de la comisión de los delitos de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, derivados de intervenciones quirúrgicas practicadas sin el consentimiento previo, libre, pleno e informado de las personas agraviadas, debido a los vicios que afectaron su formación o manifestación, lo que les confiere carácter de esterilización forzada”.

La disposición fiscal reconoce que hay, por lo menos, 4172 víctimas, mujeres, esterilizadas en contra de su voluntad. La gran mayoría de Cusco y San Martín, pero reconociendo la existencia de casos de esterilización forzada en 22 regiones.

La disposición individualiza a los presuntos autores, tanto directos como mediatos, encontrando presunta responsabilidad en 52 personas, entre personal médico y administrativo, incluyendo altos funcionarios del régimen de Fujimori como los exministros Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

La fiscalía señala que hay elementos suficientes para sostener que hubo presión directa para cumplir con metas de esterilizaciones en territorios rurales principalmente, pese a que existieron distintas denuncias públicas y privadas del mal manejo del programa y la aplicación irregular de la anticoncepción quirúrgica, lo que estaría volviendo al programa de planificación familiar en uno de esterilización forzada. Entre los denunciantes de esta práctica en la segunda mitad de los años 90 figuran Monseñor Bambarén y la Comisión Episcopal, quienes se quejaron por la presión ejercida a mujeres para someterse a estos procedimientos si es que querían acceder a programas de soporte alimentarios, es decir que usaban su necesidad de alimentación y la de su familia para forzarlas a someterse a los procedimientos quirúrgicos.

En la disposición de la fiscalía se da cuenta también de los casos que terminaron en muerte, como los de Celia Ramos y Mamérita Mestanza. Se citan las sentencias previas de estos casos. Se declara la presunta responsabilidad de altos funcionarios en tanto, en la segunda mitad de los años 90, los ministros y viceministros de salud recibían informe permanente del avance del programa, de los detalles de su ejecución y se emitían directivas para presionar a médicos para el logro de metas numéricas.

Todos los requisitos para llevar adelante una acusación están, pero no se puede acusar. La fiscalía declara en esta resolución que se ve forzada a declarar el archivo del caso.

La acción penal se ha extinguido pese a que son crímenes de lesa humanidad

La resolución es dolorosa como dije, tanto por el contundente contenido en torno a los crímenes, como por la imposibilidad de la acusación penal. Señala explícitamente que “la imposibilidad de continuar con la persecución penal obedece, por tanto, no a la ausencia de elementos de convicción sobre los hechos investigados, sino a la aplicación del régimen jurídico de prescripción vigente”. En la misma disposición de archivo de este caso emblemático de esterilizaciones forzadas, se señala que “esta conclusión, no supone desconocer la gravedad de los hechos investigados, negar las afectaciones verificadas ni restar valor a los elementos de convicción examinados. Por el contrario, la decisión de archivo parte del reconocimiento de que las esterilizaciones forzadas investigadas reúnen los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad”.

Este caso no quedará acá. Las víctimas seguirán persiguiendo justicia. Por lo pronto, lo único que queda claro es que sí fueron crímenes de lesa humanidad y que aún debemos luchar contra la impunidad.

*Gracias a Rocío Silva-Santisteban y a DEMUS por la información para esta columna.