
La señora Fujimori prometió que en 100 días de gobierno podríamos sentir que “el orden vuelve” y que ella lograría dar atención inmediata a la emergencia por El Niño como hizo su padre. Ahora se desdice y trata de instalar una narrativa exculpatoria: no me dan las competencias. Este discurso cala en la gran prensa y hay una presión al Parlamento para otorgarle competencias en esos dos extremos.
En esta columna ya se analizó el pedido de competencias enviado por el Ejecutivo. Es amplio, ambiguo y disperso. La gran mayoría de materias incluidas exceden las dos aludidas como prioritarias y los esfuerzos de la oposición en la Cámara de Diputados por acotar las materias pueden ser desconocidos por la Cámara de Senadores, según dos de los principales representantes del fujimorismo: Martha Chávez y Carlos Mesía.
Esta situación dejó en parálisis el proceso. Muchos piden que simplemente se archive el pedido por los antecedentes autoritarios fujimoristas. Otros, que el Senado mande alguna señal de respeto por la voluntad expresada en la Cámara de Diputados para que se abra un trabajo colaborativo. ¿Qué hará finalmente la oposición?
Esta semana se logró un entendimiento básico y se aprobó un dictamen en la Comisión de Constitución. Pero la desconfianza permanece y no hay certeza de lo que ocurrirá finalmente en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes. Veamos los retos por delante.
Los equipos de cuatro bancadas, Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular, junto al equipo técnico de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tuvieron una sesión intensa de trabajo para identificar los puntos de consenso. Finalmente, se incluyó control migratorio, trazabilidad de equipos y geolocalización, control de armas, sistema penitenciario y justicia juvenil, crimen organizado, subsistema especializado contra la extorsión y denuncia digital en el área de Seguridad Ciudadana. En los aspectos vinculados al fenómeno El Niño, se incluyó atención directa a emergencias, transformación digital, sector agrario, obras por impuestos y temas de agua potable y vivienda social.
La bancada de Juntos por el Perú mantiene una posición firme en contra de la entrega de competencias, al menos en la comisión, pues algunos de sus voceros han declarado en prensa que sí darían algunas. Fuerza Popular, en gran parte, no acepta este consenso y algunos de sus miembros votaron a favor, pero con reservas. Su aprobación se debió, en gran medida, a los votos de las cuatro bancadas mencionadas.
El acuerdo, como ha trascendido, requiere que estas mismas bancadas apoyen el núcleo consensuado durante el debate en el Pleno y que mantengan esta posición en la Cámara de Senadores. Pero varios parlamentarios de Renovación Popular, en coro con el fujimorismo, han salido a señalar que se tiene que ampliar en el Pleno. Esto resquebraja el acuerdo previo y vuelve a sembrar dudas serias en la oposición. ¿Respetará Renovación Popular el pacto de consenso o se prestará a la pretensión fujimorista?
En comunicado público, Fuerza Popular insiste en incluir tres materias, una vinculada a las Fuerzas Armadas, otra a la tipificación de organizaciones terroristas y, finalmente, competencias a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras han señalado, con justeza, que no se puede dar carta blanca al fujimorismo, sobre todo tomando en consideración los antecedentes de violaciones a los derechos humanos, para regular la participación de las FF. AA. Esto debería ser debatido en el Pleno y bajo el escrutinio ciudadano. Tienen razón.
Cómo y quién decide que una organización es terrorista y qué tipo de acción se aplica contra ellos es algo que tampoco puede ser regulado sin que sea objeto de un mínimo de debate democrático. Es correcto también que la oposición que abre la puerta a un consenso en la delegación exija que este tema siga un curso regular de debate parlamentario.
Y, finalmente, parece que muchos ya se olvidaron de lo que significó desactivar el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). No solo Montesinos y Fujimori, sino los gobiernos siguientes, usaron el servicio de inteligencia para perseguir opositores, no delincuentes. En el gobierno de Ollanta Humala se desactivó la función operativa y se volvió la DINI un organismo coordinador, justamente para que la inteligencia de la Policía se potencie y se especialice en criminalidad y la de las Fuerzas Armadas se centre en inteligencia de frontera. Pretender dar funciones operativas nuevamente a la DINI no es fortalecer la lucha contra la criminalidad; para eso hay que potenciar la inteligencia de la PNP. Supone darle a la señora Fujimori un equipo con capacidad operativa de hacer seguimiento a la oposición. Esta materia debe quedar excluida y debe exigirse a la señora Fujimori y a su recientemente salvado ministro Astudillo que potencien la inteligencia policial.
La fábula del escorpión y la rana es esclarecedora. La rana confía en que el escorpión no la picará porque, si lo hace, ambos se hunden. Pero el escorpión no puede con su naturaleza y la pica. Me parece ingenuo creer que el fujimorismo tendrá modales democráticos y respetará lo que la Cámara de Diputados apruebe. En cuanto pueda ampliar las competencias, lo hará, está en su ADN. La duda es si Renovación Popular también.
La primera prueba la tendremos el martes en el Pleno. Si Renovación Popular se sale del acuerdo base, quiere decir que hay una alta probabilidad de que busque ampliar junto al fujimorismo competencias en la Cámara de Senadores. Pero si lo hace, anula la posibilidad del juego parlamentario. Si finalmente son escorpiones, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados sabrán que no se puede dar luz verde al Senado y con eso terminarán por ahogar la producción parlamentaria.

"Si finalmente son escorpiones, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados sabrán que no se puede dar luz verde al Senado y con eso terminarán por ahogar la producción parlamentaria"

Recientes casos de violaciones, como el del Liceo Naval, revelan el alarmante estado de las instituciones educativas ante situaciones de abuso. La falta de acción efectiva lleva a normalizar estas atrocidades en la sociedad.

La oposición, mayoritaria en la Cámara de Diputados, enfrenta el desafío de actuar con firmeza frente a una propuesta que podría despojarlas del poder obtenido en las urnas.

El fujimorismo, tras años de obstruccionismo, es parte del problema nacional actual.

Una niña de seis años no merece ser condenada al dolor. Como sociedad le debemos al menos cuidado futuro. Quienes podamos, busquemos a Rosemary Pioc y a las representantes del Consejo de Mujeres Awajun, Wampis, Unukai, Yawi y démosles todo nuestro apoyo para que ellas puedan seguir dando soporte a esta niña y a su madre.