La persecución judicial sigue bajo observación internacional

Los organismos internacionales de derechos humanos tienen una característica fundamental que sus detractores suelen subestimar, y que conviene recordar en cada momento de presión institucional. Permanecen, al permanecer, acumulan archivos que ningún gobierno de turno puede borrar, porque sus pronunciamientos no responden al consenso de cada coyuntura, sino a la legitimidad de los tratados que los propios Estados suscribieron, con firmas y ratificaciones, ante sus ciudadanos y sobre todo ante la historia.

El intento de deslegitimar esos mecanismos forma parte de un manual conocido, aplicado con distintas variantes por actores de todo el espectro político a lo largo del continente, y que consiste en cuestionar la competencia del organismo e invocar la soberanía como escudo frente a la observación externa. Sin embargo, esa estrategia cae en saco roto porque no silencia los informes que los sistemas de supervisión dirigen a los Estados cuando detectan irregularidades que requieren atención.

De esa manera, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, ha publicado su comunicación al gobierno peruano. En ella advierte sobre las presiones ejercidas contra el magistrado supremo Jorge Luis Salas Arenas y los procedimientos disciplinarios iniciados contra jueces por aplicar el derecho internacional en casos de violaciones de derechos humanos, y cómo han documentado también estas páginas, han incluido amenazas de represalia por sus propios fallos.

Satterthwaite apunta además que las medidas de protección para el magistrado Salas Arenas y su familia han sido reducidas, pese a los riesgos verificados y a las disposiciones cautelares vigentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De hecho, el incumplimiento de ese mandato es el señalamiento de mayor calado, porque traslada el asunto del terreno político al jurídico internacional y sitúa al país en una situación de responsabilidad ante el sistema interamericano.

Gracias a ese tipo de intervenciones, la ciudadanía que sigue el estado actual del poder judicial encuentra en esa red de supervisión internacional una garantía que complementa lo que las instituciones nacionales no siempre alcanzan a ofrecer. Y quienes siguen maquinando estas persecuciones, trasgrediendo en primer lugar la constitución, sepan que el mundo sigue mirando, y sus registros, si no la tienen hoy, tendrán consecuencias.