El vacío de poder generado por el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones es el máximo intérprete de la justicia electoral en el país. Ese mandato constitucional le exige resolver controversias en comicios para evitar, entre tantos posibles problemas, dificultades para la continuidad de la gobernanza.

En ese sentido, la reelección encubierta planteó ese desafío en veintiún municipios del país. Alcaldes en ejercicio optaron por postular como primeros regidores de sus propias listas con la pretensión de eludir la prohibición constitucional de reelección. No obstante, el JNE habiendo recibido esos expedientes desde agosto, prefirió mirar hacia el costado.

El organismo actuó sobre una controversia que sus propias instancias descentralizadas ya habían comenzado a resolver. De hecho, fueron los Jurados Electorales Especiales los que emitieron resoluciones rechazando las tretas.

El JNE, sin embargo, revocó esas decisiones y avaló la práctica de forma inconstitucional, argumentando que postular en una categoría distinta dentro de la misma lista no constituye reelección prohibida.

La consecuencia de esa postura tiene una primera fecha de visibilidad. El 1 de enero de 2027, con el inicio del nuevo período municipal, el JNE no podrá otorgar credenciales de alcalde en los municipios afectados, y la transmisión de mando quedará en suspenso.

Todos esos gobiernos subnacionales arrancarán su periodo de trabajo con al menos cuatro días sin una autoridad plenamente reconocida, dado que el feriado del primer día del año y el fin de semana inmediato postergarán cualquier formalización hasta el lunes 4 de enero de 2027.

Vale decir que este problema es sustantivo porque un gobierno municipal que inicia sin credenciales oficiales parte en desventaja, y esa desventaja la sienten los ciudadanos. La autoridad provisional carecerá del respaldo formal necesario para ejecutar el presupuesto y firmar contratos con plena validez jurídica, y esa limitación condiciona los servicios que el municipio presta a sus vecinos desde el primer día.

Lima como los otros veinte municipios afectados tienen agendas urgentes de problemas sin resolver, y un vacío de poder se convierte, en la práctica, en un vacío de gobierno. Ese escenario representa el precio que pagan los ciudadanos cuando la institucionalidad electoral posterga lo que le corresponde decidir.