Nadie le obliga a no conversar, por Eliana Carlín

Llevamos apenas tres meses de bicameralidad y ya tenemos la primera lección. El Ejecutivo pidió 66 facultades para legislar. La Cámara de Diputados, después de 40 días de debate, aprobó 20. El Senado recibió ese texto, le añadió siete materias y aprobó 27 por 35 votos contra 18. La autógrafa se firmó esa misma tarde. Sobre los límites entre ambas cámaras, parece que el Senado no tenía mucho que conversar. Que una cámara corrigiera a la otra era previsible. Lo que no estaba escrito en ningún reglamento era la decisión de no hablar.

Hay quienes atribuyen el choque solo al diseño, y tienen parte de razón. El Congreso anterior restituyó el Senado pese a que alrededor del 90 % de la ciudadanía lo había rechazado en el referéndum de 2018, y lo hizo sin prever un mecanismo para resolver discrepancias entre cámaras, como la comisión mixta que existe en Chile. Diputados tiene la iniciativa y el Senado revisa, pero lo que significa «desnaturalizar» una propuesta quedó librado a la interpretación de quien revisa. Esa reforma hecha a la carrera también es una decisión política, y nadie ha respondido por ella. Entre todas las lecturas posibles del reglamento, se eligió la que no requería escuchar a nadie.

Ahí está el fondo del problema: ejercemos la autoridad sin rendición de cuentas horizontal. Guillermo O'Donnell describía así a las democracias donde las instituciones que deberían controlarse entre sí no lo hacen, y el poder se ejerce como si no tuviera vecinos. Veamos el circuito. El Ejecutivo, beneficiario de las facultades ampliadas, no va a observar la ley. El único control que queda es una demanda ante el Tribunal Constitucional, que requiere 33 diputados, llega después de los hechos y depende de un tribunal cuyos miembros elige el propio Senado. El árbitro lo nombra una de las partes. Nadie responde por las siete materias que se agregaron. Simplemente están ahí.

Esto no es solo un vicio parlamentario: es una costumbre de nuestra cultura cívica. En el Perú, quien no gana debe volverse invisible, y quien gana no termina de entender que el opositor existe, que está ahí y que tiene un mandato tan legítimo como el propio. Confundimos mayoría con totalidad. Pero la política consiste en discrepar, y discrepar obliga a dialogar y negociar. No significa procurar la inexistencia política del otro. Esta costumbre no es patrimonio de un solo partido: la hemos visto en gobiernos y congresos de distinto signo, y la Cámara Baja tampoco está libre de practicarla cuando le toca ser mayoría. Por eso preocupa que las instituciones nuevas nazcan con los hábitos viejos.

La bicameralidad prometía una cámara de reflexión. Sin el reconocimiento del otro, la segunda cámara es solo una segunda oportunidad para imponerse. Hacen falta ajustes concretos: un mecanismo de conciliación entre cámaras, una definición precisa de qué puede modificar el Senado y reglas que no dependan de la buena voluntad de quien preside. Pero ninguna reforma reemplaza la disposición a sentarse con quien piensa distinto. El re