De Condorcanqui a San Borja: la desprotección de la niñez, por Eliana Carlin

Esta semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos del segundo fujimorismo, Ernesto Álvarez, volvió a sostener que la violencia sexual contra menores respondería a "prácticas culturales", refiriéndose a las niñas indígenas de Condorcanqui. No es una ocurrencia aislada: ese discurso aberrante lo estrenó en 2024 Morgan Quero, entonces ministro de Educación de Boluarte, cuando calificó de posible "práctica cultural" las violaciones de niñas awajún. Es el mismo entramado que, en nombre de combatir una supuesta "ideología de género", termina alimentando la violencia y la indefensión de la niñez.

El lunes, en la presentación del Plan Nacional de Educación y junto a la presidenta Keiko Fujimori, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se retirará "todo tipo de ideología" del Currículo Nacional. No precisó cuál, no mostró una sola evidencia de que tal ideología exista en el currículo, pero lo afirmó con la mandataria asintiendo a su lado.

Días después amanecimos con una noticia atroz: la presunta agresión sexual grupal contra un adolescente de 16 años —de cuarto de secundaria— por parte de diez compañeros de quinto del colegio Liceo Naval, en San Borja. ¿Tiene que ocurrir algo así en un distrito de la llamada "Lima moderna" para que los tomadores de decisiones reaccionen? ¿Seguirán pensando igual los ministros Álvarez y Chang? ¿Habrá un ápice de reflexión sobre la responsabilidad que han asumido?

Oponerse a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la transversalización del enfoque de género en las escuelas no es "defender la familia tradicional", ni "proteger a los niños de ser homosexualizados", ni "eliminar ideologías". Es, por el contrario, negar la evidencia sólida sobre la intervención más eficaz para prevenir la violencia en las aulas. Es dejar en absoluta indefensión a niños y niñas: sin herramientas para identificar tempranamente señales de alerta, para saber cómo defenderse y a quién pedir ayuda. Y es privar a docentes y directivos de la formación necesaria para abordar casos como el que acabamos de conocer.

Solo una precisión: la ESI no está bajo amenaza, ya fue eliminada. En mayo, el Ministerio de Educación la derogó (RVM 085-2026) en cumplimiento de la Ley 32535, que el Congreso anterior aprobó con el respaldo entusiasta del fujimorismo y la derecha conservadora, y que hoy el Gobierno de Keiko Fujimori ejecuta y celebra. No es un cambio técnico: es una decisión política que redefine qué violencias reconoce el Estado y cuáles decide dejar de mirar.

El Estado no puede estar al servicio de sectores que no legislan sobre evidencia de política pública, sino sobre fanatismos religiosos particularísimos. Ese abordaje es antitécnico, es político-religioso y es profundamente responsable de los hechos que estamos viendo.

Tenemos un gobierno enemigo de la niñez. Y en esto quiero ser enfática: de toda la niñez. Desde Condorcanqui hasta San Borja, la desprotección es total, por acción y por omisión. Pero hay rutas. Desde el Congreso, derogar normas nefastas como la Ley 32535, que nos trajo hasta aquí. Desde la sociedad civil, sostener los caminos que no dependan de autoridades cegadas por el fanatismo, esas que están entregando la niñez a la barbarie.