
La oposición de la Cámara Baja ha elegido, sin éxito, la permanencia de Julio Velarde en el BCRP como segundo argumento para doblarle el brazo al Ejecutivo. El primer argumento son las facultades delegadas, que no llegan. La idea de esos opositores parece ser que, si logran sacar a Velarde, podrán nombrar un presidente a la medida de los radicales.
Si se trata de liquidar la política económica peruana, esos opositores, mayormente de izquierda, pero no solo, no han necesitado una salida de Velarde. Ya el Congreso que acaba de concluir produjo un nivel de gasto público inconstitucional que hizo sonar las alarmas del Consejo Fiscal sobre el futuro económico del país.
Al escribirse esto, es obvio que es muy poco probable que el Senado acepte una salida de Velarde. Pero los seguidores, directos u oblicuos, de Juntos por el Perú ven el cuestionamiento del prestigioso y popular presidente del BCR como un golpe psicológico al capital y a la derecha política. Por eso, quizás Indira Huillca afirma que esa no es la cuestión de fondo hoy.
La cosa es debilitar al Ejecutivo todo lo posible. Pues el amplio pedido de facultades delegadas ha sido percibido como un intento de restarle capacidades a los diputados. Todo ha debido comenzar con una negociación, y no ha sido así. Comenzó como una lucha a pedradas, lo cual siempre le da oportunidad a los peores.
En cuanto a Velarde, este es importante para mantener en su sitio el horizonte de excelencia de la economía peruana, pero él mismo ha dicho que no se siente indispensable. Aunque es posible que las acusaciones que le llegan desde la izquierda le den ganas de seguir en el cargo, ahora con un nuevo directorio.
Es lamentable lo mucho que se vienen pareciendo el actual Ejecutivo y la actual Cámara Baja a sus versiones pre-2026. Vuelve a reforzar la hipótesis de que lo dañado es el sistema político, necesitado de reformas. Así, los roles de las personas cambian, pero los mecanismos siguen iguales, siempre al filo de la ilegalidad, o de lleno en ella.
Volviendo a Velarde, no es su persona lo que quieren afectar, sino la independencia del BCR. Un ente emisor sometido al poder político es la “cuestión de fondo” para avanzar en el asalto al Estado.

La creciente amenaza geopolítica en ciberseguridad revela que solo Estados Unidos tiene acceso a programas defensivos, exponiendo a empresas a ataques y a la piratería.

López Aliaga planifica acciones, desde visitar alcaldes de Renovación Nacional hasta emprender acciones legales y movilizarse en las calles. Esto podría generar tensión con la alcaldesa Jeanette Alonzo, quien podría tener información clave.

A pesar de su dominancia, la gestión de López Aliaga podría verse sometida a una auditoría urgente sobre los gastos del municipio, donde Alonzo jugará un rol importante.

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