
En el año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, referido a la situación de una niña de 14 años que fue acosada y violada sexualmente por el Vicerrector de su colegio, a cambio de mejorar sus notas. Estos hechos -que se sumaban a otros casos similares en la escuela- eran conocidos por el personal de la institución, incluido el director, sin que nadie formulara una denuncia ni protegiera a la niña. La situación continuó y, al cumplir los 16, Paola ingirió unas pastillas de fósforo blanco y cuando contó lo que había hecho en su colegio, la mandaron a rezar a la enfermería. Paola murió dos días después.
En su análisis, la Corte estableció que los niños y niñas tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual, por lo que los Estados debían tomar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia, incluidos los abusos sexuales, considerando la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes.
Entre dichas medidas, sin duda, se encuentra la Educación Sexual Integral (ESI), la cual no solo promueve el autocuidado de niños y niñas, protegiendo su cuerpo, sino que también les permite identificar y denunciar situaciones de abuso y violencia sexual, así como prevenir el embarazo adolescente. Por ello, el haber eliminado la ESI en los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación para incluir ahora una “educación sexual con base científica, biológica y ética”, es un retroceso gravísimo en un país en el que solo en el 2025 los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 21,609 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.
Se está consolidando, por tanto, un círculo de violencia, que se inicia con la agresión en el hogar y/o en el colegio y tiene la complicidad de quienes desde el Estado, disfrazan de preocupación por la vida y creencias religiosas, su enorme desprecio por la niñez peruana.

Desde amenazas a parejas gays hasta agresiones sexuales, distintos casos demuestran cómo la violencia se alimenta de concepciones rígidas de masculinidad.

" Con sencillez y claridad, sin gestos grandilocuentes y con la serenidad que se logra cuando se lucha por lo correcto, Navi Pillay nos recuerda que sin derechos humanos no hay paz y, sobre todo, que aún podemos tener esperanza"

"En el reciente caso Ramos Durán, la Corte ordenó al Estado que investigara las circunstancias de la muerte de la señora Ramos y sancionara a los responsables".

Maricarmen, de 87 años, fue desalojada de su hogar en Madrid tras haber vivido allí 71 años. Un fallo del Tribunal Supremo permitió el desalojo al vencer el plazo legal de cesión de alquiler.

La misión del MESECVI de la OEA destaca el aislamiento de Condorcanqui y la falta de acceso regular a servicios judiciales y de salud que agravan la situación de las víctimas.