La política peruana, sobre todo desde que empezó su autocratización parlamentaria, reproduce de manera recurrente mecanismos de distracción pública en contextos de escrutinio público del poder. En ese marco, cada vez que ocurre alguna denuncia de este tipo, se tiende a activar estrategias comunicacionales orientadas al desplazamiento de la atención ciudadana hacia hechos secundarios. ¿El método? Intervenciones estatales de amplia difusión.
La reciente requisa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Barbadillo consistió en la inspección de las celdas de los expresidentes Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Como resultado, el operativo registró alimentos, frutas, televisores, refrigeradores, radios y otros bienes de uso cotidiano, los cuales, vale decir, se encuentran incorporados dentro del régimen penitenciario vigente y bajo autorizaciones administrativas previas.
En contraste, durante la reclusión de Alberto Fujimori, el penal de Barbadillo operó bajo un régimen especial que incluyó ambientes ampliados, áreas de reunión, facilidades domésticas extendidas y condiciones penitenciarias diferenciadas. Ese esquema respondió a decisiones políticas expresas.
Ahora bien, el contexto político actual otorga sentido a la difusión del operativo. El Gobierno de José Jerí atraviesa cuestionamientos asociados a reuniones reservadas, visitas nocturnas y relaciones empresariales de carácter sensible. En consecuencia, la activación de un evento penitenciario de alto impacto mediático cumple una función distractora evidente.
Este tipo de procedimientos cuenta con algunos antecedentes históricos. Durante la dictadura de Alberto Fujimori, la exhibición constante de operativos de seguridad acompañó procesos de cooptación institucional que derivaron en el fraude electoral del 2000. Más recientemente, en el gobierno de Dina Boluarte, la priorización del discurso del orden coincidió con investigaciones fiscales activas.
En ese contexto, las cortinas de humo constituyen una herramienta reiterada del ejercicio del poder autoritario.
Al respecto, el presidente y quienes lo asesoran comunicacionalmente deben entender que la ciudadanía identifica estos mecanismos de distracción y reconoce su carácter reiterado, y ello se expresa en niveles crecientes de desaprobación. En la coyuntura actual, ese método es más revelador que persuasivo. En el ínterin, los hombres y mujeres de prensa que son celosos con su servicio ciudadano y ético persistirán en la búsqueda de la verdad.