Socióloga y narradora. Exdirectora académica del programa “Pueblos Indígenas y Globalización” del SIT. Observadora de derechos humanos por la OEA-ONU...
En el debate presidencial del 3 de diciembre, el candidato conservador del Partido Republicano, José Antonio Kast, lanzó una advertencia draconiana a los 330.000 migrantes no documentados: les “quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas, si es que las tienen, y salir de Chile”. El anuncio, que no se ahorra el desdén, ha originado desplazamientos de venezolanos y colombianos a la zona de La Concordia, frontera con el Perú. De salir victorioso este domingo 14 de diciembre, no es difícil prever un movimiento mayor de personas que precipiten una crisis humanitaria: miles de mujeres y hombres atrapados entre una línea de frontera y otra, en el abrasante desierto de Atacama.
Quien quiera ver una paradoja en el hecho de que José Antonio Kast —hijo de migrantes alemanes que llegaron a Chile en 1950 huyendo del desastre de la Segunda Guerra Mundial— sea hoy el abanderado de la expulsión expeditiva de migrantes indocumentados en Chile, se equivoca. Hay que mirar el cuadro completo, las circunstancias de la llegada de los Kast a Chile: Michael, padre de José Antonio, era un oficial del ejército alemán, un Oberleutnant (teniente), y miembro del partido nacionalsocialista desde 1942. Arrestado por los norteamericanos en Italia, Kast consigue huir de sus captores en marchas nocturnas hasta Baviera, usando una de las llamadas “rutas de las ratas” que facilitaban la huida de exnazis. Rompió su carné de oficial alemán y se hizo pasar por oficial de la Cruz Roja, en un país derrotado, ocupado por los aliados y que vivía un proceso de desnazificación.
Kast padre ingresa a Chile con una visa que le ayudó a conseguir Erik Wünsch, un exoficial del ejército alemán radicado en ese país. Así pues, la emigración de Michael Kast fue un escape en toda regla.
La elección de José Antonio Kast a la presidencia de Chile no resultaría un evento menor ni en el Perú ni entre los miles de peruanos indocumentados en Chile. Ya se ha mencionado el potencial riesgo humanitario en nuestra frontera sur, de concretarse la expeditiva expulsión de extranjeros no documentados, pero también para las decenas de miles de peruanos indocumentados. En el debate presidencial del martes pasado, Kast ha reafirmado una de sus más duras ofertas de campaña: el Estado chileno podría asumir la custodia de niños, hijos de inmigrantes irregulares expulsados de ese país. El padre o la madre “tendría que optar si va a jugarse por su hijo [llevándoselo], o lo va a entregar al cuidado de su hijo al Estado”. Bajo cualquier escenario, miles de niños, incluso aquellos de nacionalidad chilena, serían forzados a vivir una situación de desamparo social o desarraigo familiar.
Ante la observación de una periodista del panel que le recordó una decisión reciente del Tribunal Supremo que acogió la medida de amparo a favor de 27 niños venezolanos indocumentados y sus familias para permanecer en el país —en virtud de la obligación del Estado chileno de resguardar el interés superior de los niños y niñas y la protección de las familias—, Kast replicó escuetamente que una ley a ser votada por el futuro Congreso Nacional le permitiría ejecutar su promesa electoral.
Así las cosas, mucho se juega en Chile este domingo 14. La Unidad por Chile tendrá el reto de plantar cara a las posiciones más recalcitrantes del Partido Republicano.
Jeannette Jara ha hecho una muy buena y esforzada campaña presidencial; tuvo un desempeño notable en el Ministerio del Trabajo, que aprobó, entre otras medidas, la Ley de las 40 horas laborales y el reajuste del salario mínimo. Jara, militante del Partido Comunista, ha dicho alto y claro que la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura. Sin embargo, la derecha ha sacado buen partido del cuco del Partido Comunista. Y es que 17 años de dictadura anticomunista no pasan en vano. Hoy, domingo 14, se verá si los ciudadanos de Chile consiguen exorcizar sus miedos.

Socióloga y narradora. Exdirectora académica del programa “Pueblos Indígenas y Globalización” del SIT. Observadora de derechos humanos por la OEA-ONU en Haití. Observadora electoral por la OEA en Haití, veedora del Plebiscito por la Paz en Colombia. III Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro por “El hombre que hablaba del cielo”.