Sí al derecho de asilo (nos guste o no), por Irma del Águila

En la Edad Media, la gente podía encontrar asilo en ciertas iglesias. De ahí la expresión "buscar santuario", es decir, refugio ante los abusos del poder del rey. Hoy, el derecho de asilo en Latinoamérica está consagrado por la Convención de Caracas de 1954 que el Perú la adoptó en 1959. En nuestra región, tan endémica de dictaduras militares y civiles, de arrestos arbitrarios y brutal persecución política, el asilo es una institución que intenta proteger derechos políticos, fundamentalmente el derecho a la disidencia.

Es importante precisar que el que se otorgue la condición de asilada política a Betssy Chávez, expremier o a Nadine Heredia, ex primera dama, no significa asumir que son inocentes y tampoco culpables. El asilo intenta garantizar derechos, no pretende exonerar de culpa legal a nadie, ni siquiera de faltas éticas o políticas. En otras palabras, el asilo no se pronuncia sobre la sentencia contra Nadine Heredia por lavado de activos por aportes de Odebrecht y menos pretende anticipar una sentencia en el juicio que se lleva contra Betssy Chávez por rebelión y conspiración.  

Quien califica la condición del asilado es el país que acoge, en estos casos, México o Brasil. En otras palabras, los Estados que acogen se pronuncian sobre la persecución o amenaza al ejercicio de derechos políticos que denuncia quien busca el asilo político. Luego de concedido, el Estado territorial (en este caso, Perú) está obligado a otorgar el salvoconducto por mandato constitucional, artículo 36: "El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante". No hay más vuelta que darle.

No se entiende cómo así el presidente Jerí declara a CNN que necesita días para "adoptar una postura definitiva". ¿Qué otra postura "definitiva" puede adoptar si no es la concesión del salvoconducto? A menos que considere seriamente violar un tratado internacional, paso que ni siquiera Alberto Fujimori con toda su prepotencia y alevosía se animó a dar en 1992, cuando Alan García ingresó a la residencia del embajador de Colombia. O, una segunda posibilidad, que Jerí busque mecernos días de días con un psicosocial con hashtag #Mexico o #BetssyChávez.

No es irrelevante en la decisión de México y Brasil el que ambos procesos judiciales hayan recibido distintos cuestionamientos. Para la defensa de Nadine Heredia y Ollanta Humala, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar que la recepción de fondos ocultos para la campaña de Keiko Fujimori en 2011 y 2016 no constituían actos delictivos en esos años y, en consecuencia, de anular el proceso en el caso Cócteles alcanzaría al expresidente y a su esposa. La periodista y abogada Rosa María Palacios ha insistido por años que el caso aportes de Odebrecht es "espejo" del caso Cócteles. Procedería, por principio de igualdad ante la ley, anular la acusación en el caso Odebrecht. Eso está en veremos.

En cuanto a Betssy Chávez, el TC decidió su excarcelación en el mes de septiembre al comprobarse que la expremier permaneció detenida entre el 20 y 27 de diciembre de 2024 sin mandato judicial; en buen cristiano, de forma irregular. En efecto, la resolución de prolongación de la prisión preventiva que pesaba sobre ella fue emitida en junio de 2023 y vencía el 19 de diciembre de 2024. 

Cierto, la práctica del derecho de asilo va más allá de lo humanitario, es un derecho político que puede propiciar resistencias del Estado territorial. En este caso, de la Fiscalía de la Nación y, claro, del inefable Congreso de la República por consideraciones bien distintas. Incluso, puede haber quien destaque los acentos distintos de las relaciones diplomáticas de México en la región. Que la presidenta Claudia Sheinbaum declare que acoge a la expremier Betssy Chávez y que considera que la libertad del expresidente Pedro Castillo es "también de defensa de la democracia" pero que, de otro, se abstenga de pronunciarse ante el flagrante fraude en Venezuela que perpetúa a Nicolás Maduro en el poder, porque "No me corresponde a mí, para eso hay organismos internacionales”. Sí, las relaciones entre países están impregnadas por intereses geopolíticos.

Y, aun así, ninguna consideración coyuntural o circunstancial de orden geopolítico tendría que hacernos perder de vista que lo que está en juego es el ejercicio de un derecho político, el asilo, en una región tan proclive al abuso de poder y la feroz represión. En resumidas cuentas, se trata de garantizar el asilo político, que pasa por exigir a los países latinoamericanos que brinden el derecho a todos los opositores perseguidos por sus ideas. Sean peruanos, venezolanos, brasileños, chilenos o argentinos.  

En definitiva, que se brinde el derecho de asilo a tal o cual persona no tiene que gustarnos, basta con aceptarlo, que no es poco. A los peruanos no nos corresponde calificar el asilo político, pero a los peruanos sí nos corresponde valorar el derecho al asilo político. Sobre todo, luego del recuento de décadas de censura de los medios de comunicación, velada o abierta, de gente asesinada en protestas, de desapariciones forzadas, de arrestos aerbitrarios, etc.

Uno de los mayores retos en la construcción de democracia e institucionalidad en el Perú reside en la capacidad de defender los derechos fundamentales de la gente, incluso a pesar de nuestras propias simpatías y convicciones políticas. Ahí está el detalle.