JNE debe proteger el proceso electoral
Una denuncia penal contra un colegiado convierte el ejercicio judicial en un acto criminalizado.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una denuncia penal contra los magistrados de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. En ella, los acusa de desobediencia y resistencia a la autoridad. La medida, impulsada por su procurador, se basa en el supuesto incumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional (TC) que había dispuesto la suspensión de efectos de resoluciones judiciales relacionadas con la inscripción del partido Unidad Popular.
El trasfondo de este caso es de naturaleza jurídica, no penal. La controversia gira en torno a una resolución del colegiado constitucional que, dentro de sus competencias, falló para proteger derechos fundamentales que consideró vulnerados en el proceso de inscripción de dicha organización política. El tribunal actuó conforme a la jurisprudencia que reconoce la posibilidad de revisar decisiones electorales cuando estas afectan derechos constitucionales, como el de participación política o la tutela judicial efectiva.
Ante ello, la acción penal emprendida por el JNE desgasta innecesariamente un debate institucional que debía resolverse en el plano constitucional, no en el penal.
En ese sentido, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) ha expresado su rechazo a la denuncia del JNE. Al respecto, ha advertido que esta representa una afectación directa a la independencia judicial y una forma de criminalización del ejercicio de la función jurisdiccional. Además, recordó que los jueces denunciados actuaron conforme a la Constitución, defendiendo su autonomía y aplicando criterios jurídicos en el marco de sus competencias.
El JNE tiene la alta responsabilidad de proteger el proceso electoral y garantizar su legitimidad democrática, no de judicializar el disenso institucional. Defender la legalidad electoral implica también respetar los límites constitucionales y los principios que sostienen el equilibrio entre poderes.
En un momento en que la confianza en las instituciones es precaria, recurrir al derecho penal para resolver un conflicto de interpretación debilita la arquitectura democrática que tanto el propio JNE como el PJ están llamados a cuidar.