Gobierno impone el secretismo en la PNP
Policía Nacional declara de carácter reservado, por un periodo de cinco años, todas las denuncias contra investigados en sus dependencias en todo el país.
La resolución 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC.Res, emitida por la Dirección de Tecnología de la Información de la Policía Nacional del Perú, constituye un grave retroceso democrático. De forma arbitraria, ha declarado la información concerniente a las denuncias que los peruanos realizan en las entidades policiales como reservada.
De esa manera, lo que debiera ser un instrumento de control ciudadano y garantía de justicia se transforma, por decisión administrativa de execrable motivación, en un muro de opacidad. Ese muro vulnera el derecho ciudadano al escrutinio público.
En el Perú, el derecho de acceso a la información pública está consagrado en la Constitución (art. 2) y ordenado más precisamente por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy abusada por operadores del hampa. No es, como pretenden algunos aliados del régimen de Boluarte —quien además carga con denuncias por homicidio—, que esa premisa constitucional constituya un privilegio exclusivo de la prensa o de los especialistas. Al contrario, involucra un derecho ciudadano fundamental que garantiza que el poder se ejerza con rendición de cuentas.
El secretismo impuesto es, además, desproporcionado y contrario a los estándares internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la reserva de información debe ser excepcional, temporal y debidamente justificada. Nada de eso ocurre aquí. La decisión de la PNP no distingue entre denuncias que podrían comprometer una operación sensible y aquellas que simplemente registran delitos comunes. El resultado es una censura generalizada e inconstitucional.
Sin acceso a información, la ciudadanía no puede fiscalizar, los medios no pueden investigar y las instituciones pierden la legitimidad que solo otorga la transparencia.
Frente a este atropello, corresponde a varias instancias pronunciarse y actuar con urgencia. La Defensoría del Pueblo debe advertir y exigir la nulidad de la resolución. El Congreso tiene el deber de citar a los responsables políticos y policiales. La Autoridad Nacional de Transparencia, adscrita al Ministerio de Justicia, no puede guardar silencio frente a una vulneración tan flagrante. Y, por supuesto, el Tribunal Constitucional debe estar advertido de esta grave afrenta democrática y al Estado de derecho.