Una defensa de la Corte IDH que no representa al Perú
El nombramiento de un operador político de la extrema derecha peruana como representante del estado peruano evidencia su desesperación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recibido en audiencia al Estado peruano sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta. Particularmente, esta audiencia añade a la discusión sobre la Ley de Amnistía, un asunto más que tiene que ver con cómo el Estado peruano se presenta ante la comunidad internacional.
La defensa improvisada y abiertamente ideologizada del gobierno y su coalición parlamentaria es un reflejo de la crisis institucional que sufre el país y, sobre todo, de un autoritarismo precario que busca proyectarse más allá de nuestras fronteras.
La comunidad internacional comprende que esta defensa envía un mensaje de confrontación con el sistema interamericano de derechos humanos.
Es así que lo que vienen observando los organismos multilaterales con mucha claridad es la evidente captura política de la representación del Estado. En lugar de diplomáticos de carrera o especialistas en derecho internacional, lo que se ofrece en la audiencia es la voz de operadores políticos que responden a una coalición cuyo único objetivo es conservar poder y blindaje interno.
Los operadores que fungen como representantes del Perú no buscan un diálogo jurídico, sino exhibir desdén y hostilidad hacia los estándares internacionales que obligan a toda democracia.
También expresa una clara apuesta por el revisionismo y la impunidad. Al relativizar crímenes de Estado como los de Barrios Altos y La Cantuta, el oficialismo hoy en el gobierno pretende imponer un relato que diluya la memoria y normalice la violencia como herramienta política. Tal y como pretende hacerlo con la ley de amnistía.
No obstante, esta postura pretende ser también un guiño a las redes internacionales de ultraderecha que buscan debilitar organismos multilaterales y promover agendas contrarias a la justicia y los derechos humanos. El Perú, reducido actualmente a ser pieza bastante entorpecida de esa estrategia, aparece ante el mundo como un país rehén de intereses ideológicos ajenos a las necesidades de su pueblo.
La defensa observada en la Corte IDH no representa a los peruanos. No refleja la sed de justicia, ni el dolor de las víctimas, ni la voluntad de construir un país democrático y digno. Es apenas la puesta en escena de un autoritarismo precario que confunde la defensa del Estado con la protección de intereses de corto alcance.