Omisiones económicas del 28 de julio, por Eduardo Recoba

Según el Congreso y la elaboración del economista Víctor Fuentes, el discurso patrio —de la presidenta Dina Boluarte— del año pasado rozó las 35.000 palabras.

No obstante, la pregunta es: ¿hasta qué nivel se tocarán los puntos de presión económicos clave entre tantos caracteres? Se liberará un rosario de números, de datos, de cifras donde la trazabilidad, en términos de —lo dicho— impacto social, o se exagera o “se dice”; sin contar una buena historia tras el “logro”.

Logros o hitos donde usted puede insertar lo que desee: becas, deporte, nuevos patrulleros, etc. Números, nada más.

Género no, violencia de género no, corrupción e instituciones fuertes nein; derechos civiles no lo creemos, libertad de prensa tampoco, ingesta calórica de pasadita, pobreza porfiando al 27,6% [2024], combate contra la informalidad, exoneraciones tributarias a la agroindustria o peluquerías u hoteles niet: ¡vamos!, estamos diciendo todo esto en el Congreso.

Crecimiento

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], en mayo de este año se avanzó en términos de PBI real +3,4% interanual; es austero para una economía primario-exportadora que explica el 60% de sus despachos exportados en minerales y, de este porcentaje, el cobre como el catalizador.

Evidentemente, las compañías mineras no suelen acompañar la trayectoria de precios internacionales porque son ello: empresas; pero —y aquí podemos estresar el relato— esta trayectoria cuprífera se registra desde el 7 de abril, cuando el metal rojo tocó US$ 4,14 la libra expresada, hasta crestas de US$ 5,91 a US$ 5,92 la libra expresada del 23 de julio.

¿Qué hizo el Gobierno desde abril a la fecha para brindar estímulos a las mineras cupríferas o a sus proyectos? Cierto, sus esfuerzos fueron opacados por obligar a los motociclistas a usar chalecos con el número de placa a la espalda.

El INEI dice que el subsector minero metálico cayó en mayo en -7,20% (lectura doce meses interanual), “debido al menor nivel de producción de cobre, molibdeno, hierro y oro”.

Inversión privada

Según datos del Banco Central de Reserva [BCR], esta se viene recuperando tras dos años para el olvido. El ente emisor espera crecer —desde la actividad privada— +5,0% y +3,5% en 2025 y 2026, respectivamente.

Dos problemas: primero, la comparativa es de muy baja valla. Los dos años previos a este no fueron alentadores, así que contra ellos “cualquier cosa crece”. Segundo, las expectativas de los decisores privados —a corto plazo— prolongan su vocación “pesimista” u “optimista pero ya sabemos a qué atenernos”. Es decir, a tan solo tres proyectos mineros, según el BCR y entre 2025 y 2026, Antamina, Southern y Buenaventura.

Para lo demás, la confiable frase: “nuestra cartera minera suma más de US$ 64.000 millones en diez años”. Todo bien.

Finanzas públicas

Pero la señora presidenta tiene una marca en su gestión: esta cayó de un -4% del PBI de déficit fiscal en 2024, alejándose el doble del techo que señala la “regla fiscal inicial” del -2,2% del PBI y que —a fines del 2024—, según el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], el dato decantó en -2,8%.

En junio, el titular de la cartera habló de moderar la brecha en -2,5%.

Todo ello, en medio de los esfuerzos y porfías de un Consejo Fiscal ninguneado. El déficit se moduló actualmente en -2,6% en junio, según el MEF.

No obstante, los ingresos comparados con los dos años previos fueron mejores, siendo el salto más estadístico que de vocación recaudadora [que perpetúa aquel 14% del PBI de presión tributaria del 2024]; lo cierto es que el gasto prolonga una retórica de “baja gama”.

Más ingresos sí, pero pudieron ser más si no fuera por un Congreso que navegó en aguas que no le corresponden: la del gasto; y que exonera de impuestos, desde peluquerías pasando por hoteles y restaurantes.

Y terminando en un birlibirloque impositivo a propósito del chocolateo del Impuesto General a las Ventas (IGV) que alimenta al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN): todo ello a nueve meses de las elecciones 2026. Do the maths.

“144 iniciativas tributarias han sido presentadas ante la Comisión de Economía [del Congreso] entre 2021 y el 2025, y tendrían un costo anual de S/ 406.000 millones. Esta cifra es casi diez veces el monto asignado a educación en un año”, dice el economista Luis Miguel Castilla.

Se gasta menos porque no hay mega carreteras, hospitales de alta complejidad, colegios de alto rendimiento (COAR); en general, poquedad en inversión pública en sanidad, educación e infraestructura: lo que desanima a la actividad privada, por cierto.

Todo ello, pues, no estará en el discurso.

Inflación

La inflación del Perú —aquella a junio último del +1,73% (lectura doce meses interanual)— puede ser portada de la alicaída prensa económica local —o “prensa de nicho”—, pero no, no es saludable el registro.

Una economía robusta es la que consume, la que crece en función a una solidez en términos de demanda y donde la extorsión o sicariato no te impide trabajar o incrementar las ventas de tu pequeño o micro negocio.

Este tipo de economía puede sostener un sistema de precios medianamente alto en la medida que la renta que genere —en simultáneo— avance, tanto o más que la inflación.

Nuestro PBI desestacionalizado —aquel que mensura el crecimiento sin choques de demanda u oferta como fines de semana largo, campañas escolares, navideñas, etc.— creció a mayo tan solo +0,13% intermensual.

Se crece poco, la inflación es moderada. Se crece bien, esa renta compensa el movimiento de la demanda que provoca una inflación vigorosa, porque no toda inflación dentro del rango meta del BCR [1% a 3% como techo] tiene que ser “saludable”.

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Inseguros, con minería ilegal e informal cada vez más influyentes en la clase política, con baja ingesta calórica en niños y libertades más acotadas.

Así nos quedaremos tras el último discurso del lunes.