Abogado constitucionalista
El elefante blanco de la amnistía, por Diego Pomareda
El debate sobre la amnistía revela una problemática subyacente: la demora en la justicia por parte de los jueces, quienes deben asumir su responsabilidad en resolver casos que llevan décadas.
Las amnistías, que son el perdón de los delitos y las penas de un grupo de personas, han sido mecanismos utilizados de forma conveniente por regímenes autoritarios. Alberto Fujimori, Pinochet, Alfonsín, Erdogan, entre otros, han impulsado decretos o leyes para que, bajo la excusa de la reconciliación o la estabilidad, se les otorgue impunidad a un grupo de malos militares o policías que están condenados o procesados por cometer delitos graves.
Siguiendo la línea autoritaria, el Parlamento peruano ha remitido al Poder Ejecutivo una autógrafa en el mismo sentido, teniendo como argumento central la excesiva demora para emitir una sentencia por parte del Poder Judicial. No obstante, como se ha establecido en los estándares internacionales, la impunidad no puede justificarse por el paso del tiempo.
Teniendo claro que el Estado peruano, en este tipo de situaciones donde existen crímenes contra la humanidad, no puede renunciar a cumplir su deber de administrar justicia y encontrar la verdad, debemos identificar el problema de fondo del que se está hablando poco. ¿Cuál es la responsabilidad de los jueces en que, dos o tres décadas después, no se pueda tener una decisión final de los casos aún en proceso?
El elefante dentro del debate de la amnistía son los jueces que no han cumplido con resolver, dentro de un plazo razonable, procesos que van a cumplir tres décadas. La complejidad de los procesos y las trabas políticas amplían la razonabilidad de los tiempos de juzgamiento regular, pero la judicatura tiene que asumir también su responsabilidad por no lograr resolver estos asuntos a pesar de las adversidades.
Esto no avala la impunidad a través de la ley, pero da la excusa perfecta para que la mayoría autoritaria en el Parlamento utilice la amnistía para liberar a más de quinientos procesados, la cual favorece tanto a quienes sí cometieron delitos como a quienes no lo hicieron. Por eso, ante esta problemática, debemos reconocer que la justicia en el Perú está dentro de la ecuación del problema.
En definitiva, no se trata de dejar de reconocer el trabajo de la gran mayoría de militares y policías en la lucha contra el terrorismo, sino de que se sepa la verdad y que cada uno asuma la responsabilidad de los delitos cometidos. Al igual que estos no deben quedar impunes con amnistías inconstitucionales, tampoco podemos obviar al elefante blanco y lento en la habitación para que esto cambie en beneficio del bien común.
