Urge diálogo antes que estalle la convulsión

El Perú está nuevamente al borde de una crisis social. La suspensión de más de 50 000 procesos de formalización y la no aprobación de la ley MAPE, han encendido focos de tensión en diferentes regiones del país.

Durante años, la minería artesanal y de pequeña escala ha generado ingresos que antes no existían para decenas de miles de familias peruanas. Sin embargo, la desidia estatal frente a sus procesos de formalización ha abierto un peligroso vacío normativo y operativo que ha sido ocupado por la minería ilegal.

Como informan diversas asociaciones gubernamentales y ONG, esta minería,  que está al margen de toda regulación, no solo depreda el medio ambiente, sino que alimenta redes de extorsión, sicariato, lavado de activos y narcotráfico.

Ambas leyes -MAPE y REINFO- presentan serias observaciones técnicas y jurídicas. Es por eso que su rechazo, sumado a la falta de propuestas alternativas, ha echado más leña al fuego en una protesta que parece no distinguir entre el reclamo genuino y la manipulación delictiva.

Al cierre de esta edición, la federación de mineros artesanales acordaron la suspensión del paro por solo 24 horas. Anuncio que no ha sido acatado en totalidad, por ejemplo, en La Libertad. Esta última región protagonista de tragedias como el secuestro, tortura y posterior matanza a mineros en Pataz.

Hasta ahora, el único interlocutor del Estado ha sido la Defensoría del Pueblo, una institución que, si bien debería ser importante, hoy carece de capacidad y legitimidad para negociar en escenarios de alta complejidad.

Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte permanece ausente, rehuyendo su deber de articular soluciones que contengan el avance de un conflicto que ya se desborda.

No hay tiempo que perder. Las mesas de diálogo son una urgencia. Se requiere un diálogo técnicamente sólido y con presencia real del Estado, que distinga entre el minero artesanal con derecho a formalizarse y las mafias que parasitan ese proceso para seguir operando en la sombra.

El Estado no puede permitir que la minería ilegal marque la agenda de la protesta. Pero tampoco puede seguir ignorando a miles de ciudadanos que llevan años esperando una oportunidad de integrarse a la economía formal. La salida no es ni la represión ni la inacción, sino el diálogo urgente, con reglas claras, con presencia política de alto nivel.