
Por María Elena González Azurín, Tejedora. Ciudadana activa
La gestión pública viene adoptando una lógica de rendición: al igual que en una contienda, hay quienes ganan, quienes pierden en el intento y quienes simplemente se rinden. Incapaz de enfrentar los problemas de fondo, recurre al atajo —cerrar programas, reformar y renombrar instituciones o crear comisiones estériles— como si con un “reset” se pudiera impulsar el verdadero desarrollo.
El caso Qaliwarma es paradigmático. Al entrar en un proceso de investigación y evidenciar las deficiencias en los controles (DIGESA otorgó certificados a productos que no cumplían con la calidad exigida) evidenció que nuestros niños probablemente consumían productos que no eran aptos, es así que deciden cerrar el programa y presentan Wasimikuna como reemplazo, con mejoras y componentes de intervención de padres de familia que aseguraran la calidad. Hoy, ni Qaliwarma ni Wasimikuna existen (en menos de 6 meses) y más de cuatro millones de niños quedan a merced de la incertidumbre alimentaria para el 2026.
Peor aún, el drama de Medifarma desnuda la fragilidad de nuestras instituciones. Tras la muerte de cinco pacientes por un lote de suero contaminado —con controles omitidos y análisis manipulados—, la respuesta del MINSA fue desmantelar la DIGEMID (responsable de regular fiscalizar, supervisar y vigilar estos productos) y deciden crear la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos (Apemed). Un cambio que no asegura nada en tanto el riesgo persiste.
Esta sucesión de “renuncias” del Estado a ejercer con eficiencia la gestión pública, erosiona la confianza ciudadana. Cada cierre, reforma, renombre o comisión, instala la resignación ante la mediocridad.
Las víctimas no son los funcionarios: somos todos los ciudadanos. Niños sin alimentos, pacientes que mueren, comunidades abandonadas y una brecha cada vez mayor entre el Estado y la sociedad describen un país que no aprende ni se arma de convicción para mejorar.
El Perú exige líderes valientes: dispuestos a resistir, a reformar con rigor, a fortalecer instituciones y a arriesgar en la innovación. Quienes se rinden no merecen conducir nuestro futuro.

Los discursos sobre la infancia a menudo ignoran la realidad de niñas y adolescentes, quienes enfrentan violencia y desigualdades severas.

El problema es de género y de derechos reproductivos, pero también debemos preguntarnos quiénes pueden proteger mejor su privacidad, acceder a asesoría o enfrentar a quienes tienen poder. La posición social también cuenta.

Las políticas educativas actuales ignoran el bienestar y las necesidades locales, dificultando el desarrollo de una propuesta pedagógica que respete la diversidad cultural y territorial en la región.

Hoy se rinde homenaje a las defensoras de los derechos humanos en un jardín cercano al Ojo que Llora, recordando su lucha y legado durante la violencia política en el país.

"Como ciudadanos, debemos entender que saber perder no es resignarse ante el poder. Es reconocer el derecho del otro a gobernar hoy, mientras preservamos nuestro derecho a disputarle democráticamente el poder mañana".