Coalición de Gobierno impone ley contra la prensa peruana
Congreso gobernante publica por insistencia norma que impone propaganda gubernamental a medios periodísticos.
En una democracia saludable, la libertad de expresión no es un privilegio, sino una garantía fundamental. Bajo ese principio, tutelado en el segundo artículo de la Constitución del Perú, se sostiene también la libertad de prensa y de asociación. Dichas libertades son importantes al ser pilares que permiten a los ciudadanos desarrollarse con la estabilidad que ofrecen las democracias.
Por eso, cuando el Estado decide imponer contenidos obligatorios a los medios de comunicación —sin matices ni espacio para el juicio editorial—, no estamos ante una medida técnica o inocua, sino frente a un acto de control.
La reciente modificación prepotente a la Ley 30364, aprobada por insistencia en el Parlamento, no busca realmente promover la sensibilización frente a la violencia contra la mujer. Su objetivo es otro: someter a los medios a una lógica de propaganda impuesta bajo el pretexto de una causa social urgente.
Que un Ejecutivo y un Congreso, que han administrado y legislado en contra de los derechos de inclusión de las mujeres, como la destrucción de la paridad en los partidos políticos, ahora pretendan supuestamente preocuparse por ellas genera un cuestionamiento razonable.
En consecuencia, afirmamos que ceder el 10% del espacio de los contenidos a mensajes oficiales no es una forma de concientización, sino una imposición que vulnera la autonomía editorial.
Este acto fue precedido por un intento anterior que no se logró concretar, en el que de la misma manera pretendieron obligar a las empresas periodísticas —de todo tamaño— a publicar propaganda gubernamental sobre los estados de emergencia que, como la evidencia periodística ha demostrado, no ha servido en lo más mínimo.
Por lo tanto, alertamos a la comunidad internacional de que lo que comete el Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte es una forma de imponer un discurso único, blindado contra el escrutinio.
Lo más grave no es el contenido —que puede ser legítimo, necesario y que, además, desde esta casa periodística buscamos desarrollar con información relevante para su erradicación—, sino el método. Se excluye a la prensa del proceso deliberativo. Se ignoran la ética periodística y la autorregulación. Se desnaturaliza el vínculo entre medios y audiencias, y se reemplaza con un mandato propagandístico característico de regímenes dictatoriales.
Una prensa que no puede decidir qué, cómo y cuándo informar deja de ser libre. Y sin prensa libre, la democracia se convierte en nada más que un espejismo.