Partidos tuertos, por Paula Távara

En días previos hemos conocido graves casos de firmas falsas y suplantaciones en los padrones de afiliados de diversos partidos politicos a nivel nacional. Es especialmente grave el contexto en el que estas falsificaciones que se habrían dado, que son los procesos de inscripción de cada uno de estos partidos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Es decir, es posible presumir que, sin la falsificación de estas fichas de afiliación, estos partidos no hubiesen alcanzado su inscripción y no estarían habilitados para participar de las próximas elecciones generales.

La situación escaló a tal nivel de gravedad –sobretodo al desatarse una ola justificada de indignación ciudadana porque los falsamente afiliados tenían que pagar una tasa para desafiliarse– que el JNE y RENIEC salieron en comunicado oficial conjunto a aseverar que buscarían los mecanismos para sancionar a las organizaciones políticas por la falsificación y para procurar su retiro del ROP y por tanto de las contiendas electorales venideras.

Pero no solo los organismos electorales, que son quienes en efecto tienen la labor de salvaguardar los procesos electorales y los derechos de participación política, han propuesto sanciones y desafiliación.

Algunas de las organizaciones políticas, que no se fueron afectados por este escándalo, han salido a exigir también que su ilegítima competencia sea retirada de carrera.

He de reconocer que la forma en que ciertos partidos se han rasgado las vestiduras por este suceso me ha resultado, por decirlo menos, irónica. Y no solo porque las “fabricas de firmas” sea  parte del lamentable legado de una de estas organizaciones, sino porque todas ellas se han permitido darse aires de partidos serios y representativos por el hecho de contar con afiliados “verdaderos”.

Sin negar la relevancia de los padrones de afiliación y del cumplimiento de los requisitos formales para la existencia de partidos políticos, es posible afirmar que, incluso aquellos con inscripciones intachables no cumplen en nuestro país, al menos no del todo, con lo necesario para poder decir que son partidos políticos realmente.

Vale la pena, pues reflexionar sobre el concepto de partidos políticos y las funciones que se contemplan para estos, a fin de medir con la vara más adecuada a estas organizaciones a nivel país.

Giovanni Sartori, politólogo italiano especialista en el tema de partidos políticos, los definía inicialmente como “cualquier grupo político que se presenta a competir en elecciones y puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos”. Hasta ahí, calzan todos.

Por su parte, la politóloga argentina Flavia Freidenberg coincide con la relevancia de su intereses de competencia por “ acceder a cargos de representación popular que les permita tomar decisiones que son de carácter  obligatorio para todos los miembros de esa comunidad”, pero da también alta relevancia al “rol de mediadores entre la ciudadanía, a la que representan, y el Estado” que estas organizaciones realizan.

Pero esta mediación o representación no se limita a lo “electoral” (ya hemos dicho antes aquí que la democracia no se reduce a ello), sino que requiere que los partidos sean espacios ACTIVOS de construcción de proyectos de país, de discusión política y de formación de liderazgos públicos.

Para ello, como señalamos hace algún tiempo, los partidos políticos debiesen tener una vocación de presencia y representatividad en el territorio (no basta con tener bases en la capital para decirse partido nacional), y de afiliación y formación de militantes (que son quienes luego postulan en las primarias).

Lo contrario son esos garajes con un letrero colgando entre telarañas, padrones de afiliados fantasmas y una incesante carrera por fichar líderes sin partido a los que se les ofrece la inscripción para, con su triunfo, mantener la ilusión de la representatividad.

Creo que a nadie sorprende tener que reconocer que entre los más de 40 partidos políticos actualmente inscritos,  no parece encontrarse ningún ejemplo realmente llamativo de presencia territorial o de formación de militancias. Los partidos como espacio de vida activa de la ciudadanía no parecen existir, y las puertas cerradas de sus sedes principales parece haberse vuelto una costumbre que no avergüenza ni indigna a nadie.

Vale la pena recordar que, para promover esta calidad de representación, desde hace más de un lustro, un buen número de partidos políticos ya reciben fondos para la formación de sus afiliados y el fortalecimiento de sus bases, las mismas con las que luego se realizan las primarias abiertas. ¿Cuánto han invertido realmente en esto? Los medios de comunicación ya se han encargado de mostrarnos el mal uso y el desvío de estos fondos (que valga decirse debería acarrear también sanciones y no lo hace.

Martínez Cuadrado y Mella Márquez (2012) señalan además que “los partidos políticos democráticos han de cumplir con cuatro funciones: la explicitación del conflicto social (o de la diferencia de perspectivas y proyecto nacional de diversos grupos), su racionalización, la participación en su solución y la solución del conflicto”

¿Cuáles son hoy en día los principales conflictos sociales del país? ¿Existe algún partido que podamos afirmar que realmente se ha comprometido con alguna de estas materias? Por el contrario, más de un partido ha sido financiado por mineros informales, colectiveros y afines.

Llama así la atención que siendo esta la realidad de nuestras organizaciones políticas, se permitan vanagloriarse de sus inscripciones sin hacer a su vez un mea culpa por su absoluta inoperancia e ineficiencia a la hora de representar y aglutinar intereses ciudadanos. Pero claro, en el país de los ciegos, el (partido) tuerto, es rey.