Operación Negando, por Rosa María Palacios

En entrevista al diario El Comercio publicada ayer, Miguel Torres, subsecretario general de Fuerza Popular, afirma: “Lo que muchos están tratando de endilgarnos es una especie de oportunismo (…) Nosotros hemos tenido que asumir la responsabilidad de sostener al Estado, no al gobierno, hay otros partidos que sostienen al gobierno. A nosotros nos toca sostener al Estado, lastimosamente con un gobierno que nos lo dio la izquierda y los irresponsables de izquierda se largaron y nos dejaron con el problema”.

Agradezcamos a Torres la sinceridad. En una organización tan poco transparente como Fuerza Popular, es la primera vez que se muestra, en un solo párrafo, cuál es la narrativa de campaña para lograr el triunfo de Keiko Fujimori. Una “versión de la verdad” que no es más que una mentira, pero que dependerá del electorado desmontar en los próximos meses si queremos unas elecciones basadas en la verdad de los hechos históricos.

La primera nota de la narrativa electoral fujimorista se puede resumir así: “Este gobierno es pésimo (¿cómo no empatizar con el 95% de la población sin cometer un suicidio político?) pero no es nuestro. No somos aliados. Sólo somos responsables de dar gobernabilidad por un bien mayor: el Estado”.

Vender esa historia les va a resultar más difícil que arar en el mar. Si hubieran apoyado la renuncia de Dina Boluarte en diciembre del 2022 o al menos una salida electoral anticipada, podrían tener alguna verosimilitud. Pero al grito de “nos quedamos todos”, es imposible. Los votos de Fuerza Popular controlan no solo la mesa directiva del Congreso. Garantizan a Boluarte su permanencia en el poder.  Ella no es nada, no existe políticamente, sin el pacto de facto que integra y muchas veces lidera, Fuerza Popular y APP. Ambos, por supuesto, pero también todos los demás partidos que tienen bancada en el Congreso. Todos son culpables del resultado.

El gobierno de Dina Boluarte no existe como tal. Lo que tenemos es un gobierno controlado por el parlamento. La presidenta no tiene ni partido, ni bancada. Ha tenido ministros políticamente astutos como Otárola o Arana, y un hermano que funge de operador político. Eso es todo y con eso no conservas el puesto. Con 2% de aprobación, el poder de Boluarte no emana del pueblo. Emana del Congreso y en ese poder, Fuerza Popular, con 21 votos, controla todo.

La segunda nota de la narrativa fujimorista en campaña es aclarar que este gobierno es de izquierda, herencia de la izquierda irresponsable que “se largó”. Lo que no dicen es que Castillo los derrotó electoralmente y que esa mayoría de votantes no son militantes de izquierda. Simplemente, en una segunda vuelta, a la mayoría de los peruanos, Keiko Fujimori, les pareció peor. Pero luego de la caída de Castillo, todo programa de izquierda desapareció.

Boluarte no tiene plan, ideario, programa. No tiene siquiera ideas desarrolladas sobre ningún asunto de política pública y, al no tener aparato, organización, bancada o siquiera bases, su orfandad ideológica es absoluta. No hay ningún debate doctrinario hoy sobre economía, propiedad o derechos fundamentales. Los conflictos en los que se introduce Boluarte están signados por su ambición (con 50 muertos y cientos de heridos) o por su frivolidad (desde los Rolex, hasta la cirugía plástica pasando por su aumento de sueldo, su imperiosa necesidad de treparse a un avión o desaparecer en un condominio de playa). ¿Eso es ser de izquierda? ¿Eso es representar a una corriente de izquierda?

El ideario – programa de Vladimir Cerrón, con el que fueron elegidos Castillo y Boluarte era el hambre para el Perú. Su sola existencia espantó a toda la inversión privada y con los choques externos del 2022, afrontamos una recesión el 2023 y una caída en las cifras de pobreza que puso al 29% de país en condición de pobre. Pero, ese plan, que ni siquiera llegó a aplicar Castillo, se abandonó completamente en diciembre del 2022. De aquel documento, solo quedan unos tuits afiebrados del prófugo Vladimir Cerrón cuando recuerda desde la clandestinidad que es un cuadro del partido comunista cubano. Y ese vago recuerdo es pronto olvidado cuando su hermano Waldemar le pone los 9 votos parlamentarios que quedan en Perú Libre a todo lo que convenga a su supuesta némesis, Keiko Fujimori.

La amenaza del estatismo económico que adhiere la izquierda fue evitada muy tempranamente, pero en simultáneo sustituida por el autoritarismo y el mercantilismo de este gobierno, que es creación netamente parlamentaria. ¿Dónde se originan todas las leyes pro-crimen organizado? Desde las modificatorias a leyes penales hasta las facilidades para la minería ilegal, son obra del Congreso, en la Comisión de Justicia que preside Perú Libre. ¿Quién apoya con sus votos nefastas iniciativas como desaparecer la extinción de dominio para que corruptos y lavadores de activos disfruten de su botín? Fuerza Popular. ¿Esos son actos de Estado y no de gobierno? Qué aumente en tres años el número de asesinados diarios de 2 a 6, ¿no es de responsabilidad directa del Congreso con las leyes que ha aprobado favoreciendo la delincuencia? Ese resultado, ¿es un acto de Estado o de gobierno?

Fuerza Popular gobierna el Perú hoy, pueden negarlo como Pedro a Cristo. ¿Lo hace sola? No.  Tiene a Boluarte como su títere y se reparte el poder con aquellos que lo dominan en el Congreso. ¿Eso es “sostener el Estado” como una entelequia abstracta y ajena a los actos de gobierno del día a día? Por supuesto que no.

El problema es que asumir los pasivos de este régimen es una mochila gigantesca que nadie quiere cargar. Preguntas introducidas en encuestas privadas dan esperanza a algunos para creer que mientras menos aparezca Fujimori o Acuña físicamente cerca a Dina, más fácil será distanciarlos en esta narrativa. Por supuesto, a Boluarte ya se lo hicieron saber. Le van a volar ministros, la van a amenazar con que no viaja, la van a torturar con su aumento de sueldo, pero saben bien que no será otra cosa que una farsa para hacer creer al elector un disparate como el que propone Miguel Torres: “hemos sostenido al Estado no al gobierno”.