Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente...

El pacto corrupto sigue demoliendo a la justicia, por Diego García-Sayán


Ya lo sabemos: el Pacto Corrupto, que hoy regenta el Perú, tiene puesta la mira en la justicia desde hace rato. Le molesta su independencia, esencial en una democracia. Para el Pacto, este principio no es más que un obstáculo en su ataque inclemente y persistente contra el sistema judicial.

Pero, ojo, esto no solo concierne a la profesión jurídica, sino a toda la sociedad peruana, que no puede ponerse de perfil frente a esta embestida. No se trata solo de la justicia: están demoliendo la institucionalidad y amenazando los derechos de todos.

Ahora, la presidenta del Poder Judicial, la Dra. Janet Tello, ha pasado a estar en la línea de mira del inclemente e incorregible Pacto Corrupto. Mientras tanto, el Congreso sigue cercando a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. ¿Pura casualidad? Difícil de creer. Se estima que alrededor de 30 congresistas están siendo investigados por distintos delitos por la fiscal de la Nación. No es difícil conectar los puntos: piensan, ante todo, en su propio pellejo. Y para salvarse, están listos para tumbarse a la fiscal de la Nación y dejar que la JNJ, que ellos mismos designaron, haga su trabajo con el resto.

Estos ataques ponen en serio peligro la democracia. Los ataques persistentes de este eje del mal amenazan seriamente el funcionamiento democrático en el Perú. Como el Pacto insiste —y avanza— en sus objetivos perversos, es inevitable volver sobre cuestiones de principio fundamentales, como los derechos humanos. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Quién pondrá un alto antes de que la democracia quede convertida en una cáscara vacía?

El Pacto y la telaraña de la impunidad

Los intentos del Pacto por controlar la composición y la conducta del sistema judicial, el Ministerio Público y el sistema electoral son evidentes y persistentes. Han ido diluyendo al Jurado Nacional de Elecciones, utilizando rutas disfrazadas de “institucionales” o ataques directos contra magistrados probos y democráticos, como ocurre ahora con Janet Tello.

Todo con un único fin: ejercer el poder sin contrapesos ni control, buscando completa impunidad para la corrupción y la violación de los derechos humanos. Esto incluye hasta los escándalos prostibularios en el Congreso, por los cuales “nadie” es aún responsable.

El escenario actual tiene un aire de déjà vu. Las semejanzas con la autocracia corrupta de Fujimori son innegables. Todo indica que estamos al inicio de un nuevo ciclo de autoritarismo, corrupción y desvergüenza, solo comparable con la dictadura fujimorista que la sociedad peruana logró desmontar en el año 2000.

Enterrando la independencia judicial

Desde las matanzas aún impunes ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, durante las protestas sociales que marcaron el inicio del gobierno de Dina Boluarte, la independencia judicial viene siendo sistemáticamente destruida.

Hasta el momento, nadie ha sido juzgado por las 50 personas asesinadas y las más de 1,400 heridas. ¿Cuánto tiempo más seguirá la impunidad? ¿A quién le conviene una justicia ciega, sorda y muda ante los crímenes de Estado?

La telaraña de la impunidad se impone. Y en ese camino, la independencia judicial, recuperada en el Perú durante la transición democrática del 2000-2001, ha sido absorbida por el poder político.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se ha convertido en el bocatto di cardinale del Pacto. Desde su inicio, ha sido blanco de ataques y prepotencia por parte de un Congreso corrupto, reflejo brutal de la crisis de representación.

¿Cuánto tiempo más los peruanos tolerarán que sus instituciones sean secuestradas por una mafia? Este Congreso ha legislado básicamente para sí mismo, creando normas y estrategias para blindar a las decenas de congresistas investigados o vinculados a la corrupción. No dudaron en realizar cambios legislativos favorables al crimen organizado o en articular alianzas siniestras con la efímera y ambiciosa exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Ahora, la Junta Nacional de Justicia

Este organismo crucial ha sido rápidamente convertido en una herramienta política al servicio de intereses particulares. ¿Por qué temen tanto a una justicia independiente? ¿Qué tienen que ocultar quienes la atacan con tanta ferocidad?

Dina Boluarte, plagada de investigaciones por corrupción y violaciones de derechos humanos, no oculta su preocupación por el rumbo de la justicia. En enero, criticó las investigaciones en su contra llamándolas “carpetas de circo”, pero la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, no tardó en responderle con firmeza: "Dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien. Hago este llamado a la unidad".¿Será Tello la próxima víctima de la maquinaria del Pacto Corrupto?

Justicia independiente: el arma contra la corrupción

La justicia es la principal arma de una sociedad civilizada para combatir la corrupción, el crimen y la inseguridad. Pero para ello, debe ser fuerte e independiente.

Al Pacto Corrupto, sin embargo, estos valores le son completamente ajenos. En su agenda no figuran ni la independencia judicial ni el fortalecimiento del sistema de justicia.

¿Qué clase de sociedad nos quieren imponer? ¿Una donde la corrupción y el crimen sean la norma, mientras la justicia es amordazada y manipulada? ¿Es esta la agenda de la derecha bruta y achorada (dba) y de grupos extremistas como Renovación Medieval?

Mi homenaje a todos los jueces y juezas que, como la Dra. Janet Tello, enfrentan con valentía el siniestro brazo de la corrupción.

Y ahora la pregunta clave: ¿Qué puede —y debe— hacer la sociedad peruana para protegerlos?

Diego García Sayán

Atando cabos

Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.