Este martes son las elecciones en Estados Unidos, y muchas figuras públicas han manifestado sus preferencias políticas. Por ejemplo, Jaime Bayly ha marcado una postura firme en contra de Donald Trump y del síndrome de hibris (arrogancia y desmesura) que caracteriza al candidato republicano y a sus adeptos.

Como resultado, Bayly ha sido etiquetado casi de inmediato como "comunista", y pareciera que sus seguidores buscan desterrarlo de la "tribu" de derecha a la que siempre ha pertenecido. ¿Por qué ocurre esto? Esbozo tres variables fundamentales:

1) Política del enemigo. &nbsp;Para quienes adoptan una visión reaccionaria de la política, no hay espacio para la discrepancia: estás con ellos o en su contra. Para estas personas la postura de Bayly es una traición, porque no sigue la narrativa empaquetada de la derecha radical. Este tipo de sectarismo exige que los individuos repitan una y otra vez la pauta establecida, rechazando cualquier opinión que difiera (conducta que se asemeja a la corrección política que tanto critican).

2) Paleolibertarismo. Bayly defiende los principios del liberalismo clásico, que se distancian del discurso autoritario de Trump. Además, considera incompatible el liberalismo con el conservadurismo, una combinación que la "derecha alternativa" ha promovido por conveniencia o convicción. Este conservadurismo cultural exige lealtad a ciertos valores tradicionales, algo con lo que Bayly no comulga a pesar de su postura de derecha.

3) Los “valores del occidente”. Para no ser comunista uno tiene que repetir que hay un establishment, una amenaza globalista y una persecución orwelliana de las ideas con la finalidad de enfrentar estos “peligros” mediante la familia tradicional, el proteccionismo y la incorrección política. Bayly como escritor, librepensador y laico no encaja en este sastre.

Por tanto, Bayly es “comunista” porque la derecha de la hybris no acepta que puedas ser liberal, democrático, opositor a las prácticas autoritarias, ni mucho menos que te opongas a sus tótems. Permitir esto a su vez sería ceder espacio ante la amenaza de una necesaria derecha moderna, democrática y verdaderamente liberal en el Perú y el mundo, cosa que no pueden permitir.

Diego Pomareda

¿Por qué Jaime Bayly es comunista? por Diego Pomareda

Bayly ha sido etiquetado casi de inmediato como "comunista", y pareciera que sus seguidores buscan desterrarlo de la "tribu" de derecha a la que siempre ha pertenecido. ¿Por qué ocurre esto?

La República

El partido A.N.T.A.U.R.O por el momento está fuera de la carrera política por una decisión judicial. A raíz de esto surge una paradoja democrática ¿un sistema que defiende la pluralidad política puede proscribir un partido por sus ideas? ¿esto ha ocurrido en el Perú o en el mundo? ¿no es acaso el electorado quien debe definir quien lo gobierna?

A nivel comparado la legislación de países como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Austria, Hungría, Polonia e Israel no han sido neutrales sobre la materia al prohibir partidos políticos antidemocráticos. De igual forma, partidos nazis y comunistas candidatos radicales, partidos proterroristas e islamistas han sido impedidos de postular por tribunales nacionales o internacionales.

Esta restricción tiene una premisa fundamental: si la democracia como sistema busca subsistir no puede dar las herramientas para ser destruida. La doctrina de la democracia militante se basa justamente en que la libertad política no puede ser usada en su contra y que el pluralismo se ejerce solo dentro de un marco democrático defensivo y no suicida.

Si bien comparto esta posición, esta arma que protege a la democracia puede ser de doble filo ya que se puede usar tanto para su defensa como para un harakiri. El problema de fondo es ¿qué entendemos como “prácticas antidemocráticas”? Esta subjetividad abre un peligroso campo para destruir a la democracia desde adentro, permitiendo que pueda eliminar al adversario político.

Para evitar la caída en dominó de los partidos considero que el umbral debe ser la violencia. Es decir, para evitar esta pendiente resbaladiza, el &nbsp;criterio indispensable que debe primar es que ningún partido que enarbole la violencia como forma de gobierno o que haya estado vinculado a este camino pueda postular a las elecciones. &nbsp;

Lo dicho supone una evaluación global que incluye: el contexto histórico; la existencia, en el presente o en el pasado, de actos violentos que representen una amenaza cierta e inminente para la sociedad; y, la revisión de los programas y declaraciones de los líderes o candidatos (lo que supone no solo limitarse a lo que dice el papel).

Por tanto, para los que creemos en una democracia militante así sea un Partido Socialista Imperial alemán, un Movimiento de Amnistía peruano, un partido fascista italiano, una lista socialista israelí, un partido comunista turco o un partido llamado A.N.T.A.U.R.O que promueva fusilamientos, guetos, exterminio y violencia política debe estar prohibido para defender a la sociedad y no tentar a la ciudadanía de apostar por los cantos de las sirenas totalitarios.

Democracia militante, por Diego Pomareda

El principal argumento de los que se oponen a las protestas en el Perú, a raíz del desborde de la delincuencia, es que estas se encuentran politizadas y, por ende, son inconstitucionales. Este tipo de objeciones merece dos respuestas: una desde el Derecho y otra desde los hechos.

El derecho a la protesta pacífica es, por definición, un reclamo político al poder para cambiar el estado de las cosas en un momento determinado. Por tanto, es una tautología decir que las protestas, como expresión de la soberanía popular, se pueden “politizar” al ser estas manifestaciones políticas por naturaleza.

Al respecto, esta última semana hemos visto el tipo de protesta que define el Tribunal Constitucional (TC) como colectivas de alcance nacional, que se llevan a cabo dentro del espacio público y que cuestionan actos de los poderes estatales y medidas normativas con el objeto de que cambie el statu quo (Exp. 0009-2018-AI, FJ 82).

Además, en la misma sentencia, el TC expresa que la protesta es un derecho “aun cuando sus pretensiones o consignas pudieran resultar profundamente desagradables para otros sectores”. Esto nos hace recordar que la validez de las protestas contra el Congreso y el Ejecutivo no se puede medir a partir de la afinidad política.

Esto último nos permite conectar con el análisis desde los hechos, lo que muestra que la crítica a las últimas protestas no responde a una cuestión jurídica, sino a un sesgo ideológico. Si coincido con la razón de tu protesta, entonces será un ejercicio patriótico y democrático; y si me opongo, entonces será oportunismo politizado y desestabilizador.

Por una cuestión de principios, protestar en contra de un toque de queda, como pasó el 5 de abril de 2022; de una Asamblea Constituyente; de la permanencia de los gobernantes en sus cargos; de la aprobación de la Ley Nº 32108, que favorece al crimen organizado; entre otros, debe ser comprendido como el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, más allá de si estamos de acuerdo o no con sus proclamas.

Por tanto, ni el Derecho ni los hechos asisten a aquellos que cuestionan la validez de las recientes protestas que exigen principalmente el fin del reino del crimen organizado. Aquellos que se acomodan para quedar bien con sus aliados y que se ponen de perfil, apelando a la “despolitización” de la protesta y a la supuesta gobernabilidad, solo están contribuyendo a la profundización de la crisis.

¿Protestas politizadas?, por Diego Pomareda

Harari, autor de Sapiens y Nexus, sostiene que “las instituciones no son sexis”, a pesar de ser la base de toda sociedad, y que uno de los grandes problemas es la desconfianza hacia ellas. Esto se alinea con la tesis de los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía, quienes argumentan que las instituciones políticas y económicas son los motores de la prosperidad de las naciones.

Estos autores defienden que las instituciones inclusivas, que garantizan reglas de juego claras, acceso equitativo a los recursos y fomentan la tecnología y la educación, influyen positivamente en las conductas e incentivos de los ciudadanos en contraposición de las instituciones extractivas que generan concentración de poder, corrupción, inestabilidad, falta de innovación y, por ende, pobreza.

En el Perú, pese a tener instituciones, estas son predominantemente extractivas, lo cual se ha evidenciado más en los últimos años. Sin embargo, ¿cómo podemos transformar estas instituciones en entidades inclusivas? Considero que debemos enfocarnos en los siguientes 4 puntos:

<ol><li>Autonomía institucional: Las instituciones que mejor funcionan son las que menos están expuestas a los vaivenes políticos, como el Reniec o la ONPE; o aquellas cuyos miembros son elegidos de forma compartida tales como el BCR o la SBS. Otras, por su dependencia política, como Indecopi, Sunedu, Servir, ATU, etc., avanzan pero con el freno de mano puesto.</li><li>Autocrítica: Las instituciones peruanas tienden a caer en la soberbia institucional, creyendo que lo hacen todo bien y que no hay nada por mejorar. Este comportamiento defensivo, que carece de capacidad de enmienda, aleja a los ciudadanos y los expone a la captura política.</li><li>Conexión entre escritorio y territorio: Una institución que esté desconectada de su realidad no funciona. Las fórmulas importadas y los marcos teóricos perfectos son inútiles si no se comprenden las problemáticas sociales de nuestro país.</li><li>Funcionarios calificados: Las instituciones sin personal idóneo que ascienda mediante la meritocracia tienden al fracaso. Además, la capacidad técnica debe ir acompañada de empatía, apertura para trabajar con los actores involucrados y confianza, aspectos esenciales para lograr legitimidad institucional.</li></ol>

Para enfrentar los desafíos actuales del Perú, se requiere voluntad política, pero sin instituciones inclusivas, las decisiones firmes se convierten en un colador, ya que quienes las ejecutan están sujetos a incentivos extractivos. Es momento de que, mediante estos cuatro puntos, nuestras instituciones recuperen la confianza de los peruanos y, en términos de Harari, se vuelvan realmente sexis.

Instituciones sexis para el Perú, por Diego Pomareda

En el Perú, a pesar de contar con una Constitución que promueve instrumentos de democracia participativa, estos se hacen impracticables por los altos requisitos legales. Por ello, los ciudadanos, en términos reales, nos encontramos atados de manos hasta las elecciones; sin embargo, mientras tanto, podemos exigir a la oferta electoral ciertas condiciones mínimas para que, en primera instancia, puedan captar nuestra atención y, eventualmente, nuestro voto.

Una de ellas, la cual considero debe ser la primera acción del próximo Congreso, es la derogación de al menos diez leyes aprobadas en este periodo parlamentario que han beneficiado intereses particulares en detrimento de la lucha contra la seguridad ciudadana, la educación y la democracia.

Este decálogo de normas a derogar comienza con las economías ilegales y el crimen organizado: (i) la ley antiforestal (n.º 31973), que facilita la tala ilegal, promoviendo actividades agrícolas en zonas forestales; (ii) la ley que beneficia a la minería ilegal (n.º 31989), que impide la incautación de materiales usados para estos fines; y (iii) la ley Soto (n.º 31751), que reduce los plazos de prescripción de delitos, lo que favorece la impunidad.

Además, a este asunto se suman (iv) la ley que favorece al crimen organizado (n.º 32108), que excluye de su aplicación delitos como la extorsión y la estafa agravada; y (v) la ley que debilita la colaboración eficaz (n.º 31990), que impone plazos que dificultan la persecución de delitos complejos.

En cuanto a la educación, urge eliminar (vi) la ley contrarreforma universitaria (n.º 31520), que sustituyó el modelo de concurso público en la Sunedu por uno basado en representantes (ANR 2.0); y (vii) la ley que otorga licenciamiento permanente a las universidades (n.º 32105), que eliminó los controles periódicos de los estándares mínimos de calidad de estos centros educativos.

Por su parte, para la defensa de la democracia, es fundamental derogar (viii) la ley procúpulas partidarias (n.º 31981), que dejó sin efecto las PASO y permite la designación de candidatos a dedo; (ix) la ley del desequilibrio entre poderes (n.º 31355), que sostiene que el Congreso debe tener la voluntad de ser disuelto; y (x) la ley del despacho remoto (n.º 31810), que nos deja sin gobernante durante las ausencias presidenciales.

Cuanto más próximos estemos de las elecciones, los políticos y sus partidos vuelven a acercarse a la ciudadanía, lo que nos da una oportunidad para colocar una agenda pública y que los candidatos asuman compromisos. Por ello, considero que la primera pregunta que debemos hacerles es: y tú, ¿derogas el decálogo?

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